“Se necesitan pobres, sobran universitarios”

La reforma educativa contra la paradoja de la generación más preparada

Se dice que estamos ante la generación más preparada, una generación que, sin embargo, carece de las oportunidades necesarias para demostrar esa preparación y se encuentra actualmente ahogada por el paro y el subempleo. Las reformas educativas que plantea el gobierno del PP retoman esa idea y le dan la vuelta. No estamos ante la generación más preparada; estamos ante una generación excesivamente preparada.

Las políticas de ajuste que se están poniendo en marcha en España tienen como objetivo, además de tapar el enorme agujero del sistema financiero, crear un modelo de crecimiento basado en la una desigualdad creciente. La competitividad exterior pretende lograrse a través del abaratamiento sostenido de los costes laborales, a través de la creación de un ejercito de trabajadores pobres que estén dispuestos a trabajar por salarios de miseria. En este modelo la generación más preparada no tiene demasiada cabida. La reforma de la educación debe entenderse no sólo en un contexto de recortes del gasto público sino como parte de un proceso de acomodación de las expectativas de las clases medias; un proceso en el que la clase media asuma sin resistencias, su propia destrucción.

¿Para qué sirve el sistema educativo?

Podríamos resumir en tres las funciones del sistema educativo: a)Transmitir los valores dominantes en la sociedad; b) generar las cualificaciones técnicas necesarias para el sistema productivo y c) seleccionar a los alumnos para que ocupen diferentes puestos en la estructura ocupacional. Dependiendo del enfoque desde el que se estudie la educación se da más importancia a unas que a otras.

Los positivistas, por ejemplo, ven el sistema educativo como un sistema técnico, como una máquina que hay que ajustar y engrasar para que produzca lo que necesitamos: trabajadores formados para los trabajos que demanda el mercado. Hablan, entre otras cosas, de que el sistema educativo actual es un sistema anacrónico porque está pensado para la sociedad industrial y que hay que adaptar ese sistema a la sociedad de la información.

Otros enfoques se preocupan más por la función que tiene la escuela en la preparación de futuros ciudadanos: la educación en los valores comunes. En este aspecto la polémica suele surgir porque diferentes grupos sociales no se ponen de acuerdo en cuáles son esos valores comunes. Sectores importantes de la Iglesia consideran, por ejemplo, que enseñar en el respeto a la diversidad es adoctrinamiento; pero reciben una parte importante del presupuesto de educación para sostener sus colegios católicos. Podríamos debatir también sobre los efectos que podría tener, a nivel de cohesión social, el actual sistema de educación concertada si cada comunidad religiosa pretendiese montarse su propio colegio segregado del resto de religiones; pero no es el lugar.

Por último, existe un enfoque crítico que denuncia que el sistema educativo está diseñado para reproducir y legitimar las desigualdades sociales. Dicen que el sistema está pensado para que los alumnos de las clases más favorecidas obtengan mejores resultados y títulos más elevados y, de esta manera, accedan a puestos de trabajo mejores. A diferencia de los monarcas que transmiten su posición por gracia divina, o de los capitalistas que transmiten sus propiedades a través de la herencia, un puesto de alto funcionario no puede transmitirse directamente a los hijos. Sería algo inaceptable. La función de transmisión de esos puesto de trabajo cualificados se produce, por lo tanto, a través del sistema educativo. Los contenidos y las aptitudes que exige el sistema educativo son los que las clases media y superiores adquieren en su entorno social y familiar y, debido a ello, estas clases tienen muchas más posibilidades de tener éxito en la escuela.

Los tres enfoques aportan aspectos interesantes y son susceptibles de generar debates en torno a la política educativa. Diferentes grupos sociales, partidos políticos, etc. van a utilizar en sus planteamientos argumentos que parten de uno u otro enfoque. El enfoque crítico, sin embargo, es uno de los más olvidados, especialmente por la derecha aunque también por sectores que se autodenominan de izquierda; pero que siguen defendiendo que el logro educativo debe ser una fuente de privilegios.

Aristocracia versus Igualitarismo: luchas dentro del sistema educativo

El sistema educativo no es una organización homogénea con unos objetivos claros. La educación es un proceso en el que participan una multitud de agentes: políticos, legisladores, educadores, padres, alumnos, etc. Dentro del sistema educativo se dan procesos contradictorios. Podríamos dividir esa multitud de procesos en dos tipos. El primer tipo abarcaría los procesos selectivos, que buscan seleccionar a los “mejores”, orientar a cada alumno a una formación y a un empleo “acorde a sus capacidades”; y a su clase social. Para justificarse utilizan argumentos del primero de los enfoques de la educación que vimos anteriormente, el que decía “preparar para el mercado de trabajo”.

El segundo tipo de procesos se refiere a los procesos igualitarios que tratan de hacer precisamente lo contrario: reducir las desigualdades sociales a través de una educación inclusiva en la que se se dé cabida a la diversidad cultural -étnica y de clase social-.

Los dos procesos están presentes en el sistema educativo actual, aunque con un claro predominio del primero. El sistema educativo tiene una clara función de selección, creación y legitimación de desigualdades.

Haber estudiao”: El logro educativo como legitimador de las desigualdades

Casi nadie en nuestra sociedad cuestiona que una persona que tiene una carrera universitaria debe tener un salario mayor que una que no ha conseguido obtener el Graduado Escolar. No quiero decir que no sea cuestionable, que por supuesto lo es; solo que, por lo general, no se cuestiona. La posición social de la clase media se legitima a través del logro educativo; es decir, su posición de estatus, sus ingresos más elevados, sus condiciones laborales, mejores que las de los “trabajadores no cualificados”, se justifican porque han completado unos estudios universitarios o una formación técnica superior.

En este sentido, habría que decir que el sistema educativo contribuye a crea la ficción de la igualdad de oportunidades. El que tiene un salario bajo, un trabajo en malas condiciones, el que está desempleado, es porque no se ha esforzado lo suficiente en sus estudios o porque no es lo suficientemente bueno. El sistema educativo funciona como un filtro que asigna a cada individuo a una posición de la jerarquía social en función de los resultados que haya obtenido.

Es algo sobradamente demostrado por décadas de investigación sociológica que la clase social a la que se pertenece es un factor clave en el éxito educativo. Es decir, las clases medias y altas, aún en un sistema de escuela pública, igual para todos, tienen unos mejores resultados que los alumnos de clase trabajadora. Si tenemos en cuenta la importancia de los colegios de élite, de las escuelas privadas concertadas que seleccionan a su alumnado en base a al clase social o a la pertenencia étnica, el potencial de la escuela como instrumento de reproducción de las desigualdades es aún mayor.

La universidad como fábrica de parados: el exceso de formación

A pesar de que el fracaso escolar en España sigue siendo mayor que en otros países europeos, hay un porcentaje creciente de la población que obtiene estudios universitarios. La universidad ha dejado de ser un coto para ricos. Las expectativas de mejora, de movilidad social, llevan a las familias de clase obrera a invertir en educación, a tratar de que sus hijos obtengan una carrera universitaria o, cuando menos, una formación profesional técnica que les ayude a mejorar su posición social respecto a la de sus padres. Este es el origen de la generación más preparada. El advenimiento de esta generación de jóvenes universitarios de clase trabajadora es un obstáculo para el funcionamiento del sistema educativo como reproductor de las desigualdades.

Hay mucha “gente preparada” pero pocos empleos para “gente preparada”. La estructura económica es la que es. Decíamos que el sistema educativo hace de filtro para asignar las posiciones dentro de la jerarquía. Pero si la estructura económica no cambia de manera sustancial un aumento en las cualificaciones lo único que hace es que los requerimientos de acceso a los empleos tiren hacia arriba. Donde antes se exigía una licenciatura ahora se exige un master y donde se exigía FP se exige una Licenciatura. El capital social -los contactos, conocidos, enchufes,..- también se convierten en un factor fundamental para convertir los títulos en empleos de clase media. El título pos sí mismo no es suficiente. Lo que realmente importa es la cualificación relativa: si tienes más formación pero los demás también la tienen, no tendrás opciones de lograr un trabajo mejor.

Es cierto que un aumento de la formación media de la población ha contribuido en algunos países, o en algunas regiones, a una mayor especialización en actividades relacionadas con el conocimiento, la investigación etc. Estas actividades tienen un importante potencial a nivel de competitividad. Pero la implantación de ese modelo no depende sólo de la formación que tengan los trabajadores sino que está condicionado por las estrategias de inversión de las empresas y, en el caso de España, sabemos que las pautas de inversión estaban sobre todo orientadas hacia el sector inmobiliario.

En cualquier caso, desde una postura de izquierdas no se debe defender la inversión en el sistema educativo sólo desde el argumento que afirma que el conocimiento genera productividad y nos hace más competitivos. Conviene recordar que un sistema educativo igualitario puede ser una ventaja desde el punto de vista de la productividad; pero sobre todo es una ventaja desde el punto de vista de la justicia social. Un sistema educativo igualitario forma ciudadanos más preparados para la vida política y social, no solo para la vida productiva. Un sistema educativo igualitario provocaría que no naturalizásemos las desigualdades sociales, que consideráramos ilegítimo que un ingeniero cobre cincuenta veces más que una empleada del hogar. No sólo busca que todos los alumnos independientemente de la clase social a la que pertenezcan obtengan un título y unos conocimientos; también busca que los alumnos aprendan que las personas tienen derechos -a un trabajo digno, a una vivienda, a la sanidad…-, independientemente de si han estudiado o no.

El sistema educativo actual tiene algo de igualitario -poco-; pero, si se aplican las políticas que parece que se aplicarán, está destinado a convertirse en un sistema crecientemente aristocrático. La escuela pone en el mismo espacio a personas de diferentes clases sociales y de diferentes orígenes étnicos. Es un espacio de diversidad cultural. El ministro Wert plantea reducir la enseñanza gratuita a la franja 6-16 la que se corresponde con la educación obligatoria. En la franja de la educación infantil, esto puede provocar una mayor segregación de clase y de etnia. Obligando a pagar tasas en la educación pública infantil, se favorece que las clases medias y altas envíen a sus hijos a colegios privados. Además puede provocar la escolarización tardía de muchos niños de clases desfavorecidas.

Por otro lado, en la educación postobligatoria, medidas como el cobro de tasas en Bachillerato y FP, el aumento de las tasas universitarias o el cierre de universidades, con el consiguiente aumento de los costes de desplazamiento, buscan que cada uno los escalones educativos sea progresivamente más elitista. A cada clase social le corresponde un nivel educativo y una posición en la estructura ocupacional y no conviene franquear ni confundir los límites.

Por último, las medidas orientadas a recortar el gasto corriente, sobre todo gastos de personal, además de destruir centenares de miles de puestos de trabajo suponen un deterioro claro de la educación: aumento de las ratios alumnos por profesor, reducción de horas de preparación, no cubrir bajas, etc. Esto es especialmente preocupante en el caso de la educación pública a la que los colegios concertados tienden a “derivar” -muchas veces con artimañas claramente ilegales- a aquellos alumnos que considera más problemáticos de educar. Una educación de calidad que atienda la diversidad y proporcione un trato individualizado, en función de las necesidades del alumno es imposible en un contexto de clases masificadas. Con recortes de personal va a ser imposible poner en marcha el sistema de educación por competencias, un nuevo sistema de enseñanza que venía implantándose en los últimos años. Es un retroceso de décadas.

La clase media pierde su función: se necesitan pobres, sobran universitarios

La fase expansiva en la que ha estado inmersa la economía española hasta la crisis de 2008 se caracterizaba por un aumento importante de la capacidad adquisitiva de las clases más humildes basado en el crédito. Este modelo de crecimiento basado en el crédito hace compatible -hasta que estalla la burbuja- el elevado consumo y los salarios bajos. El crédito es perfecto en este sentido. Es una superación temporal de las contradicciones de la acumulación capitalista. Las empresas pueden pagar poco y, sin embargo, no tienen problemas para vender sus mercancías porque los trabajadores aún no teniendo dinero pueden pedirlo prestado.

Con la crisis financiera de 2008 el crédito se estrangula. El modelo colapsa porque se sustentaba en una ficción: que trabajadores y empresas iban a ser capaces de pagar sus deudas. La clase media de los últimos años era en gran medida una clase media nacida del crédito, una clase impostada. Si miramos al mercado laboral tenemos una precariedad creciente, un mercado dual cuyo sector más desaventajado se caracteriza por unos salarios que no llegan siquiera a cubrir las cuotas de una hipoteca, etc. Desde el punto de vista del consumo sin embargo muchos de estos trabajadores precarios se convierten en clase media. El crédito les permite acceder a bienes de consumo, vacaciones en continentes lejanos, segundas viviendas. No hay que olvidar, tampoco, que hay una masa importante de los trabajadores que no van a tener acceso al estilo de consumo de la clase media; pero podríamos decir que hay una masa importante de la clase trabajadora precarizada que se comporta en el mercado de consumo como clase media.

La crisis financiera y el fin del crédito acaban con este modelo dejando además un agujero en los bancos de dimensiones astronómicas. La historia la conocemos sobradamente, el agujero se está tapando actualmente a cargo de los contribuyentes y en detrimento de un sector público en el que se produce la destrucción de miles de puestos de trabajo en condiciones

Se necesitan pobres. El modelo de sistema educativo que está plateando el actual gobierno es un modelo en consonancia con la sociedad crecientemente desigual que plantean como salida a la crisis. Un modelo de empleo precario, de salarios de miseria que sirvan para que las grandes empresas puedan ser competitivas en el exterior. Porque lo que no puede rebajarse en el capitalismo es el beneficio de las empresas. España se convierte en periferia. Pero recordemos, la periferia se caracteriza por la desigualdad y por la pobreza de la mayoría; sin embargo, es un terreno propicio para hacer negocios. La pobreza es también fuente de riqueza.

Si se necesitan pobres es natural que se prescinda de la enseñanza universitaria. Los universitarios pobres son problemáticos porque ponen en cuestión la legitimidad del sistema. El gobierno sabe que tiene que acabar con la paradoja de la generación más preparada. Recortar en educación no es una forma más de recortar. Es una forma de legitimar la creciente desigualdad, es una forma de que tomemos por cotidiano el incipiente abismo que se abre entre nosotros.

Mikel Barba

2 comentarios en ““Se necesitan pobres, sobran universitarios””

  1. Como todo el mundo sabe, en el popular Correcaminos los problemas del coyote no empiezan cuando la carretera acaba y se queda suspendido en el vacío. El coyote sabe que hay un precipicio, pero también sabe que solo caerá cuando mire hacia abajo. Por tanto, si consigue evitar la tentación de mirar, no caerá; incluso podrá retroceder y volver a zona segura. La paradoja de la situación que define el efecto coyote es que, a veces, para sobrevivir hay que negar la realidad cuantas veces sean necesario

  2. ¿Por qué la pobreza está creciendo en España?

    por Vicenç Navarro
    La respuesta a esta pregunta es fácil. La pobreza ha aumentado como consecuencia de las políticas públicas que se han estado aplicando en los últimos años. Y, entre ellas, tres adquieren especial importancia. Una de ellas es la reforma laboral que ha tenido como objetivo reducir los salarios, como consecuencia del aumento del desempleo. Soy consciente de que habrá muchas voces que cuestionen esta tesis, diciendo que, en contra de lo que digo, la reforma laboral tenía como objetivo establecer las condiciones para crear empleo, añadiendo además, que no era su intención bajar los salarios. Pero la evidencia de lo contrario es abrumadora. Consecuencia de las reformas laborales que se han ido haciendo (facilitando el despido de los trabajadores ha aumentado, no disminuido, el desempleo, destruyéndose miles y miles de puestos de trabajo). Es difícil de creer que los diseñadores de tales políticas y los legisladores que las aprobaron no supieran que tales reformas del mercado laboral destruirían empleo aumentando el desempleo y bajando los salarios. La experiencia internacional corrobora y confirma la experiencia nacional. Facilitar el despido determina aumentar el número de despidos y el desempleo, sobre todo en un momento como el actual, en que no se está creando empleo. La famosa “flexiseguridad” que se estuvo promocionando por el gobierno español anterior, según la cual hay que facilitar el despido dentro de un sistema de seguridad y reciclaje del trabajador, asume que hay puestos de trabajo a los cuales el recientemente trabajador despedido puede incorporarse. Este no es el caso. En realidad, los países que han tenido más éxito en evitar el crecimiento del desempleo son aquéllos donde se ha repartido el trabajo. Un caso claro es Alemania donde, en lugar de despedir, lo que se promueve es la distribución del trabajo. Ello es consecuencia del sistema de cogestión existente en Alemania, donde los sindicatos a nivel de empresa han dificultado el despido, facilitando en su lugar el reparto del trabajo (de manera que cada trabajador trabaja menos horas, manteniendo así el número de puestos de trabajo).

    En España, por el contrario, el facilitar el despido y debilitar al sindicato mediante la debilitación de los convenios colectivos, ha disparado el desempleo y ha reducido los salarios espectacularmente, facilitado por la existencia de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países más cercanos a España por su nivel de riqueza). La pobreza entre la población trabajadora ha crecido exponencialmente.

    Pero otra causa del aumento de la pobreza son las políticas fiscales regresivas, que han acentuado todavía más la escasa capacidad redistributiva del Estado, tanto central como autonómica. Las políticas fiscales se han caracterizado en los últimos quince años por una reducción y/o eliminación de impuestos, que ha significado una merma de los ingresos al Estado, tales como eliminación de impuestos de patrimonio (2.500 millones de euros), rebajas de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), rebaja de impuestos de las rentas superiores (como las rentas que ingresan más de 120.000 euros al año, generando una pérdida de ingreso de 2.500 millones), bajada de impuestos de sociedades de grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo un 0,12% de todas las empresas), y que ha significado un descenso de los impuestos de 5.300 millones de euros. Y así un largo etcétera de rebajas de impuestos que benefician primordialmente a las rentas superiores (que derivan sus ingresos, en gran parte, de las rentas del capital).

    A fin de cubrir tales agujeros en las cuentas del Estado (contribuyendo al agujero mayor, resultado del enorme fraude fiscal que, según el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado español, alcanza la cifra de 90.000 millones de euros (fraude que se concentra en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) el Estado (el central y los gobiernos autonómicos, como la Generalitat de Catalunya) ha reducido los gastos públicos, incluyendo los sociales (y, muy en particular, las transferencias públicas –como ayudas a los ancianos, a las familias, a las personas con discapacidades, entre otros- y los servicios públicos como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales, servicios de integración de los inmigrantes y prevención de la exclusión social), recortes que perjudican sobre todo a las clases populares, las mayores usuarias del Estado del Bienestar.

    Los recortes fiscales que han beneficiado a las rentas superiores y los consecuentes recortes de gasto público social (con el consiguiente empobrecimiento del Estado del Bienestar) que han perjudicado a las clases populares, han acentuado todavía más la baja capacidad redistributiva del Estado (tanto central como el de la Generalitat de Catalunya), que es de los menos redistributivos existentes hoy en la UE-15. Si no hubiera Estado del Bienestar (es decir, las transferencias y los servicios públicos), el 24% de la población adulta en Catalunya sería pobre. Con la aplicación de las políticas redistributivas, la pobreza baja a un 20% (entre niños se mantiene al 25%), un descenso de sólo 4 puntos. En el promedio de la UE-15 pasa de un 25% a un 16% (un descenso de 9 puntos), y en Suecia pasa de un 27% a un 13% (un descenso de 14 puntos). Ésta es una de las mayores causas de que Catalunya y España tengan el mayor nivel de pobreza en la UE-15.

    Éstas son algunas de las causas del crecimiento de la pobreza en nuestro país. Este aumento es, pues, resultado de intervenciones públicas aprobadas y promovidas por partidos gobernantes que, paradójicamente, parecen ahora alarmarse del tamaño del problema social que están creando. No deja de ser una paradoja que la televisión pública catalana TV3 (claramente influenciada por el gobierno conservador catalán, mayor proponente, junto con el gobierno conservador español, de las reformas del mercado laboral y de las políticas fiscales y de recortes de gasto público social) dedique toda una maratón para recoger cuatro millones de euros para los servicios de ayuda a la sociedad civil con el fin de ayudar a los pobres, cuando podrían haberse conseguido 2.500 millones eliminando la rebaja de impuestos a los ricos (que ingresan más de 120.000 euros al año) o de los impuestos de sucesiones. Temerosos de que tal paradoja apareciera durante la maratón, tanto el director general de TV3, el Sr. Eugeni Sallent, como el Sr. Antoni Bassas, el presentador del programa, subrayaron que el objetivo de la maratón no era discutir o analizar las causas del crecimiento de la pobreza (que hubiera mostrado claramente su complicidad en la creación de tanta pobreza), sino sólo su necesidad de apoyo inmediato por la sociedad civil. Como decía Monseñor Óscar Romero, Arzobispo de San Salvador, “siempre me llaman santo cuando quiero atender a los pobres, pero me llaman “radical extremista” cuando quiero eliminar la pobreza, eliminando sus causas”. Sería necesario que la Iglesia catalana y española y las asociaciones próximas a ellas desearan no sólo paliar, sino también eliminar la pobreza. Podrían hacerlo denunciando aquellas políticas de recortes en lugar de guardar silencio, como lo han estado haciendo durante tanto tiempo.

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