Los ERE en cifras

EREAún son muchas las preguntas sin responder en la investigacion que dirige la Juez Alaya. Buena parte de ellas, por estar aún bajo secreto de sumario. Estas son las cifras del caso que se conocen hasta ahora.

Primera fase de la investigación:

Nueve años, entre 2001 y 2010, es el periodo investigado por la juez Alaya, en el que la Junta distribuyó ayudas para reestructurar empresas en crisis y financiar expedientes de regulación de empleo.

647 millones es el total de euros repartidos a través de dichas ayudas. De ellos:

560 millones se destinaron a financiar expedientes de regulación de empleo.

87 millones se destinaron a empresas en crisis.

25.000 trabajadores es el número de beneficiarios de las ayudas. De ellos:

146 personas se han localizado como beneficiarios irregulares.

6.000 trabajadores siguen percibiendo ayudas.

59 intrusos son los detectados en expedientes de regulación de empleo.

12,3 millones suma el dinero defraudado.

20 detenciones y 60 imputados, las habidas en la primera fase del caso ERE . De ellos:

7 ex altos cargos de la Consejería de Empleo. Entre ellos:

1 ex consejero, 1 viceconsejero y 3 directores generales.

4 encarcelados. Francisco Javier Guerrero, (director general ente 1999 y2008. Salió tras depositar una fianza de 50.000 euros (originalmente eran 250.000). Antonio Fernández, (consejero de Empleo entre 2004 y 2010). Salió tras depositar una fianza de 450.000 euros. Y Juan Francisco Trujillo, chofer de Guerrero, que salió sin depositar fianza, que inicialmente se había fijado en 150.000 euros y luego se rebajó a 75.000. Juan Francisco Algarín (presunto ‘testaferro’ de los ERE, a quien recientemente la Audiencia Provincial dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, cantidad que no ha podido abonar).

Segunda fase de la investigación:

22 detenidos en la ‘Operación Heracles’.

5 encarcelados. Francisco Javier Guerrero, de nuevo en prisión preventiva y sin fianza. Antonio Albarracín, ex directivo de la empresa mediadora Vitalia, en prisión preventiva y sin fianza. Juan Lanzas, presunto ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT. Ismael Sierra, cuñado de Lanzas. Eduardo Leal del Real, presunto ‘testaferro’ de los ERE.

50 millones de euros han sido los desviados en comisiones, según la Guardia Civil.

82.000 euros en efectivo, los encontrados en casa del detenido Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT.

720 milllones de euros suman ya los costes de los ERE para la Junta; llegarán a superar los 1.200 millones.

2 comentarios en “Los ERE en cifras

  1. Crónica de prensa

    La tarta de los ERE fraudulentos de Andalucía tuvo muchos comensales. La gran porción fue para los miles de trabajadores prejubilados, pero cada vez que se tramitaba un ERE pagado con el fondo público para empresas en crisis dotado con 647 millones, pequeñas porciones en forma de jugosos dividendos recalaban en bocas ajenas. Los golosos fueron las aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas, cuyo empacho a costa de las arcas públicas fue colosal. Solo el hecho de que cobraron sus comisiones a lo largo de 10 años mitigó la indigestión y sobre todo hizo que no saltaran las alarmas del escándalo.
    La juez del caso, Mercedes Alaya, ya ordenó a la Guardia Civil que detallara las comisiones y su posible ilegalidad entre las montañas ingentes de documentación que maneja. “Que investigue el conocimiento de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta”, subrayó la magistrada sobre el supuesto enriquecimiento a costa de las arcas públicas.
    Porque a los 647 millones presupuestados hay que sumarle el dinero gastado gracias al crédito de las aseguradoras, cantidad que ahora la Junta de Andalucía debe afrontar y que algunas fuentes elevan a 300 millones. Todo un quebradero de cabeza para la Consejería de Empleo. ¿Qué parte del dinero del fondo se destinó a estas elevadas comisiones y a subvencionar a empresas sin actividad económica u otras que presentaban beneficios?
    De un total de 584 expedientes con ayudas públicas, 121 correspondieron a subvenciones directas a empresas, Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones, que recibieron 65 millones según la agencia IDEA (pagadora de las ayudas).
    Las comisiones del fondo de los ERE las cobraron a lo largo de 10 años
    Sin embargo, los fondos para los ERE subvencionados beneficiaron a empresas que estaban lejos de sufrir crisis alguna y necesitar un capote. ¿Cómo lograron fondos públicos para reestructurar su plantilla? Pues porque el criterio que primaba no era solo el estrictamente económico, y además de la arbitrariedad en la decisión para subvencionar un proyecto u otro, primaban decisiones políticas de apoyar a grandes y pujantes compañías con una clara intervención en el mercado, una política que ya en su día sancionó la Unión Europea.
    En el otro extremo, hubo compañías beneficiadas que eran insolventes —lo que infringía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas— o mantenían poca o nula actividad económica y cuyos fondos nunca generaron el impulso económico objeto de la ayuda. Lo cierto es que muchas de esas empresas que recibieron subvenciones directas hoy están cerradas.
    Al margen de las ayudas directas, la gestión de los ERE, que supuso el grueso del dinero (cerca de 580 millones) generó unas plusvalías a ciertas compañías que vieron en las prejubilaciones el negocio redondo.
    Entre las empresas destaca la consultora Vitalia, que gestionó las prejubilaciones de 60 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. Vitalia perteneció —actualmente está en proceso de disolución— a un entramado de compañías de seguros que abarca Personal Life, Norton Life, Fortia (disuelta por la Generalitat), Apra Leven y Eurobank. Por esta última la Audiencia Nacional tramita desde 2003 un sumario por estafa de la directiva a los accionistas con 18 imputados, entre los que destacan Eduardo Pascual y María Vaqué.
    Las subvenciones beneficiaron a empresas que no estaban en crisis
    ¿Por qué con este complicado historial la Junta acepta que Vitalia ejerza de consultora e introduzca su propia aseguradora? Porque ofrece a Empleo pagar las pólizas a plazos, una ventaja que no ofrecían otras aseguradoras.
    Sin embargo, esto supuso una decisión perversa y una huida hacia adelante, ya que el coste de las pólizas se recalculaba con los años y los intereses crecían como la espuma. De ahí que la deuda de la Junta con las aseguradoras sea hoy descomunal.
    “Hay una póliza de 2003 que aún no está liquidada. Y al final valdrá más que ninguna”, ejemplifica un abogado que gestionó ERE para Empleo. A Vitalia le sucedió en los ERE voluminosos (Faja Pirítica o Delphi) Uniter, una consultora con mejor fama pero también con altos porcentajes. Las voces que vieron irregular la falta de publicidad al otorgar esas comisiones a través de fondos públicos fueron varias. Incluso desde dentro de la propia consejería. Pero el sistema no se alteró con los años. “De 2003 a 2009 insistimos a la Junta para que se hicieran las ofertas a sobre lacrado. Y la respuesta fue en la próxima, en la próxima y en la próxima. Total, nunca se cambió”, rememora Roberto Carmona, exsecretario general de la federación metalúrgica de Comisiones Obreras.

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  2. prensa2

    Los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión. Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobrecomisiones” que considera ilegales, procedentes solo de la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter. Las centrales cobraban entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. «CC OO no ha cobrado ni un duro», ha rechazado Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. El ejemplo más sonado fue el millón de euros que cada sindicato cobró en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.
    Dos personajes clave en esta connivencia a seis bandas entre la Junta, las consultoras, las aseguradoras, los bufetes, los empresarios y los sindicatos son el intermediario Juan Lanzas y el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín. La juez ha enviado a ambos a prisión como piezas fundamentales de la trama de la Operación Heracles, después de que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero regresara a la cárcel el día antes. Albarracín declaró durante siete intensas horas y Lanzas mantuvo silencio, con igual resultado.
    Lanzas, exsindicalista de UGT reconvertido en un conseguidor millonario gracias a su habilidad para engatusar a empresarios y comités de empresa de las bondades de un ERE subvencionado por la Junta, cobró sus servicios de múltiples formas. Su exjefe Albarracín le incluyó junto a su mujer, también detenida, como intruso (prejubilado ajeno a la empresa) en el ERE de la firma Hitemasa para cobrar 455.014 euros de los fondos públicos. “La Junta consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas”, censura Alaya.
    Este expediente incluyó asimismo como intruso al ex gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz, César Braña, y otros dos miembros de UGT con pólizas de 96.000 euros cada uno.
    Sobre la tajada de los sindicatos, Albarracín ha apuntado: “En todos los sitios, Barcelona, Madrid, llegaban los sindicatos manifestando que necesitaban que su técnico hiciera un estudio de contraste y que esto tenía un coste. Esto suponía que si no pagaban este informe a los sindicatos, no se quedaban con la operación”. Sobre Andalucía, ha puntualizado: “Los sindicatos y la Junta eran los que mandaban”. A veces, las centrales “convencían a la Junta para que realizara determinados complementos, porque detectaban que el trabajador iba a tener alguna pérdida de prestación”.
    Durante su testimonio, el exdirectivo ha disparado contra el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, en prisión preventiva hasta el pasado agosto. “Fernández me manifestó que él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos”, ha acusado Albarracín al histórico cargo socialista.
    La juez imputa al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. El auto de prisión bajo secreto de sumario describe una sucesión de prácticas ilícitas basadas en las comisiones repartidas a diestro y siniestro. Además de ingresar 249.000 euros a Guerrero en transferencias y una póliza para su suegra de 198.876 euros, Albarracín dirigió un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, según ha declarado esta semana a la Guardia Civil el testaferro detenido Eduardo del Leal.
    Albarracín se enriqueció al mismo ritmo que Lanzas, su comercial privilegiado. El exdirectivo del grupo Eurobank pasó de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011. ¿La razón? El exdirectivo convirtió en 1999 a la Junta de Andalucía en su mejor cliente. Esta Administración obvió la celebración de un concurso público para adjudicar la gestión de los ERE, y permitió a Vitalia cobrar “unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado”, según Alaya. De este modo, Albarracín generaba beneficios para Vitalia y pagaba comisiones, sobre todo a Lanzas, enlace vital con los sindicatos. El intermediario tenía tres testaferros a sus órdenes cuyas empresas de mensajería emitían facturas falsas con servicios “inexistentes” a Vitalia. El Holding Vitalia transfirió a Lanzas 1,9 millones y 4,5 millones a las firmas Atrado y Servicios Inmediatos de Andalucía. A medida que los beneficios crecían, Albarracín sintió que su sueldo de 180.000 euros se quedaba corto y creó la entidad Permar 21 para facturar 3,1 millones a Vitalia y así aumentar sus ingresos.
    Las explicaciones de Albarracín al intenso interrogatorio fueron vagas. Disparó la responsabilidad hacia sus exjefes, también detenidos, Eduardo Pascual y María Vaqué. El exdirectivo ha achacado a responsables de la Administración la inclusión de intrusos del PSOE, y ha defendido la legalidad de sus pagos: “No había límite de comisión”. Tanto la juez como la Fiscalía Anticorrupción le han interrogado por la mención en numerosos correos electrónicos a “los señores del sur”. Pero tras explicar que se refería a Lanzas y otros comerciales y la juez rechazar la respuesta por incongruente, Albarracín ha dejado la incógnita en el aire.

    Un georadar para hallar el dinero

    La Guardia Civil registró ayer de nuevo la casa del intermediario encarcelado Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaen). Tras el hallazgo de 80.000 euros en metálico en casa de sus padres, ayer los agentes regresaron a su casa con un georadar para buscar un posible zulo donde hubiese más dinero o documentación. Los agentes emplean el georadar para saber “si los estratos de la tierra presentan distorsiones en la zona, que se piensa que podría estar enterrado el dinero o la documentación que se haya podido ocultar”, dijeron fuentes del caso a Europa Press.
    La juez Alaya tomó ayer declaración a ocho de los 22 detenidos en la operación policial. De este modo, menos de la mitad de los arrestados el miércoles por la Guardia Civil han pasado a disposición judicial: Roser Massa, administrador de una aseguradora del grupo Eurobank; el empresario detenido en Las Palmas y supuesto camello de Guerrero, Gregorio Martínez; José González, hijo del dueño de la consultora Uniter José González Mata y María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, salieron del juzgado en libertad con cargos. Mientras el núcleo duro de la trama ha sido encarcelado, los personajes satélites han quedado en libertad. Está por ver el destino del propietario de Uniter, que prevé declarar hoy.
    La Fiscalía Anticorrupción decidirá asimismo si solicita la drástica medida de prisión para los testaferros que supuestamente participaron en el reparto de comisiones ilegales en sobres: Juan Francisco Algarín, Eduardo Leal y Beatriz Núñez.

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