La regeneración del sistema pasa por superar la partitocracia, un modelo que amenaza seriamente la división de poderes y ha permitido a los partidos colonizar el Estado, incluido el aparato de comunidades autónomas como la vasca
Entre las muchas vertientes de la controvertida noción de democracia, escojamos una de ellas, tan discutible como las demás: “La democracia es el mejor medio para conseguir la libertad”. Para comprender esta afirmación, necesariamente debemos adentrarnos en otro concepto, tanto o más polémico: el de libertad. ¿Qué significa el término libertad en su sentido político? “Libertad es el derecho a no someter nuestra voluntad a la de ninguna otra persona o poder público, a excepción que lo prescriban leyes iguales para todos, en cuya elaboración y aprobación hayamos participado”. Por tanto, la libertad es la capacidad de actuar en una esfera en la que no estamos sometidos a nadie, salvo a la ley, que es igual para todos y ha sido aprobada con nuestra participación. En definitiva, la democracia es una técnica para vivir en libertad.
Hoy en día la democracia es, preferentemente, representativa: los ciudadanos escogen a una minoría para que les represente y actúe en defensa de su libertad dado que, según el clásico Benjamín Constant, “[estos ciudadanos] no quieren ni pueden hacerlo por ellos mismos (…) ya que no siempre tienen tiempo ni posibilidades”. Estas palabras indican que la tarea de dirigir un Estado moderno es difícil e ingrata: los ciudadanos prefieren dedicarse a su trabajo, a su familia y amigos, a sus ratos de ocio, y encargar la tarea de gobernar a otros, a especialistas en la materia, que serán más competentes y les dejarán dedicarse a sus ocupaciones preferidas.
Además de representativa, la actual democracia tiene otra característica: es pluralista. Ello significa que no se trata ya de que en la sociedad coexistan diversos intereses, ideas, clases, niveles culturales… lo cual es obvio, sino que el pluralismo es un valor en sí mismo y como tal debe protegerse. Es decir, que para la sociedad son convenientes la diversidad de puntos de vista y las discrepancias, criterios distintos y posiciones contrapuestas. El debate es un bien en sí mismo siempre que exista un acuerdo básico sobre la protección de ciertos valores —por ejemplo, el respeto a la ley y a los derechos fundamentales— y se decida resolver los conflictos sociales a través de determinados procedimientos. Este acuerdo básico es el que recogen las constituciones.
Los partidos han ‘colonizado’ el Estado, se han repartido el botín, consideran lo público como patrimonio propio
Fomentar este pluralismo, además, exige reconocer y garantizar ciertos derechos, sobre todo la libertad de pensamiento y de expresión, así como los de reunión y de asociación. De este último derivan los partidos políticos, un tipo de asociaciones peculiares de especial relieve para la vida democrática. En efecto, hoy en día las democracias europeas son democracias de partidos dado que son éstos los auténticos sujetos de la vida política: los sistemas electorales, en especial los de tipo proporcional, inducen a escoger partidos en lugar de escoger personas. Ello plantea dos tipos de problemas.
En primer lugar, la democracia en los partidos. Es difícil argumentar que una democracia política funciona bien si es inexistente en el interior de los partidos. Nuestro país no es el único ni mucho menos en el que esta democracia interna es muy insuficiente y en el que los partidos, para ser democráticos, deberían abrirse a la sociedad. Para ello hay varios mecanismos en el momento electoral (listas desbloqueadas y abiertas, fórmulas mayoritarias, elecciones primarias para elegir candidatos, entre otros) y en el régimen jurídico regular de los partidos (elecciones de los cargos internos, transparencia financiera, protección judicial de derechos de los afiliados, participación de los simpatizantes, entre otros). En este terreno hay mucho por hacer.
En segundo lugar, si los partidos desvirtúan la división de poderes ya no estamos en una democracia de partidos sino en una partitocracia, algo bien distinto, en la cual los partidos no se limitan a ocupar la posición que les corresponde constitucionalmente sino que tienden a ocupar y repartirse toda la organización estatal e, incluso, en buena parte se entrometen en la sociedad misma.
En un sistema de división de poderes los órganos constitucionales no sólo están separados sino que se eligen y controlan mutuamente mediante un sistema de pesos y contrapesos para que ninguno invada la esfera del otro y cada uno sea responsable de los actos en que es competente. La división de poderes es garantía de la libertad. Pues bien, en una partitocracia sucede lo contrario: el poder transversal de los partidos anula esta división de poderes e instaura un sistema sin controles que monopoliza todo el poder creando así el caldo de cultivo para todo tipo de desafueros y corrupciones.
Esta es la situación española: los partidos han colonizado el Estado, se han repartido el botín que allí han encontrado y consideran a lo público patrimonio propio. El profesor Alejandro Nieto lo resume así: “En definitiva, la colonización se hace efectiva mediante la ocupación [por parte de los partidos] de los instrumentos más operativos de acción social: la Administración Pública en primer término y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por descontado, sus organismos de control”.
Es difícil argumentar que una democracia política funciona bien si es inexistente en el interior de los partidos
En una partitocracia, los partidos se aseguran, primero, el control de la Administración Pública mediante cargos de confianza que libremente ellos designan en detrimento de los funcionarios de carrera que han accedido a la misma por su mérito y capacidad, verificadas en pruebas públicas. A continuación, resulta fácil adueñarse del resto de las ramas de la Administración por la relación de jerarquía en la misma, y domesticar a la sociedad mediante ayudas, subvenciones, licencias y permisos en el ámbito de la empresa, las asociaciones, la cultura y los medios de comunicación.
Al final, como blindaje definitivo, hay que domesticar a los órganos constitucionalmente independientes que ejercen funciones de control y consulta: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, secretarios e interventores de ayuntamientos y diputaciones, consejos consultivos, económicos y sociales. También, a las administraciones independientes (Agencia Tributaria, Banco de España, Agencia de Protección de Datos) y organismos reguladores (Comisión del Mercado de Valores, consejos de radio y televisión, tribunales de la competencia…) y hasta hace poco las cajas de ahorros públicas. Todos ellos tanto en la Administración central como en las comunidades autónomas y los entes locales. “Que un poder frene a otro poder”, dijo Montesquieu. Pero este principio ha cambiado: la partitocracia quiere un poder sin frenos y el pacto tácito, por intereses mutuos, de los partidos mayoritarios, hace que nunca se proceda a la reforma.
Así pues, tenemos una democracia que protege nuestra libertad. Pero es una democracia imperfecta, cercada por serias amenazas que la desprestigian día a día. Hay que tomar conciencia de que, al ser la democracia un medio, también empieza a estar cercada nuestra libertad.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.
Un análisis de los fusilamientos de ‘Txiki’ y Otaegi
El estudio de los contextos de las sociedades pasadas nos ayuda a los historiadores a comprender los hechos. Comprender dichos hechos no es justificarlos, sino entender las circunstancias y a los actores involucrados. De esta manera, podemos aproximarnos a nuestro pasado.
Este 27 de septiembre se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos ordenados por el régimen del dictador Francisco Franco. Precisamente, este verano se ha reavivado un debate complejo en torno a la figura de Jon Paredes Manot (‘Txiki’) y Ángel Otaegi. El debate sobre estos dos hombres, ejecutados por la dictadura franquista en 1975, cruza las líneas de la memoria histórica, la justicia y el reconocimiento de las víctimas.
Desde el punto de vista histórico resulta preocupante ya que abre un melón complicado de gestionar. En concreto, la polémica surge porque se ha planteado la distinción entre ser víctimas del franquismo y ser mártires de la democracia. Diferentes personas han coincidido en que ‘Txiki’ y Otaegi son, sin duda, víctimas de un régimen dictatorial, pero esta condición no los convierte en “luchadores por la libertad y la democracia”.
En historia, el inconveniente de usar frases genéricas como “luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas que utilizó la dictadura, que era la violencia, el terror y el miedo” es que deja abierta la misma crítica a la resistencia francesa durante la ocupación nazi, al maquis durante la dictadura franquista, los partisanos italianos o yugoslavos bajo la ocupación nazi y un largo etcétera. De hecho, dejaría fuera a personas como Nelson Mandela que era uno de los jefes de Umkhonto we Sizwe (brazo armado del Congreso Nacional Sudafricano) que realizó atentados bajo el régimen del apartheid. ¿Qué hacemos con los homenajes a Nelson Mandela?
¿Deberían no homenajear a la resistencia checa que mató a Reindhard Heydrich? ¿No debió Angela Merkel haber homenajeado a los ciudadanos alemanes que atentaron contra Adolf Hitler? ¿Qué hacemos con Pertur? ¿Qué hacemos con ‘Yoyes’? ¿Mario Onaindia? Mario también era miembro de ETA (pm), pero la única diferencia es que a Mario le conmutaron la condena y a los otros dos no. ¿Qué posición habrían asumido en la VII Asamblea de 1976? Algunos de sus compañeros entraron en Euskadiko Ezkerra y después al PSE. Su fusilamiento impide saberlo.
Esta noción de “victimarios-víctimas”, si bien busca una aparente neutralidad, puede ser una trampa retórica. Al equiparar a ‘Txiki’ y Otaegi con victimarios del franquismo como Luis Carrero Blanco o Melitón Manzanas, se desdibuja el contexto y el lugar que ocupaba cada uno en él. De lo contrario, deberíamos poner en ese mismo nivel a Celestino Alfonso y el oficial de las SS al que disparó.
Los fusilados de 1975 no fueron ejecutados por sus crímenes, sino por el régimen de excepción del que la dictadura se valió para mantener su control. Sus juicios fueron sumarios, sin ninguna garantía, y las condenas a muerte estaban predeterminadas por un sistema ilegítimo. Reducir la memoria de ‘Txiki’ y Otaegi a su supuesto papel de “victimarios” es obviar que su muerte fue un acto de violencia de Estado, un último grito de una dictadura agonizante. El franquismo decidió asesinarlos para reafirmar su poder y sembrar el miedo, no para impartir justicia. Por lo tanto, su condición de víctimas de la represión política es innegable y primordial.
De lo contrario, suceden cosas como las de Carmelo Barrio, diputado del PP, que ha llegado a equipararlos con ‘Txapote’. Una comparación poco acertada teniendo en cuenta que los dos primeros pertenecían a ETA (pm), mientras que el último a ETA (m); que los dos primeros son ejecutados en 1975 con Francisco Franco aún vivo y el último no entra en ETA (m) hasta los años 80, en democracia.
Se critica la “propaganda y las celebraciones rituales” por parte de la izquierda abertzale que los han convertido en mártires de ETA y se plantea que esto humilla a las víctimas del terrorismo. Esto es, sin duda, una preocupación legítima. No obstante, al demonizar cualquier intento de recordar a ‘Txiki’ y Otaegi, se corre el riesgo de borrar la memoria de las víctimas de la dictadura. La memoria de las víctimas del terrorismo es vital, pero no puede construirse sobre la base del olvido o la minimización de las víctimas del franquismo. La Ley de Memoria Democrática busca reparar la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, y en 1975, la lucha contra el franquismo era, en esencia, una lucha por la libertad.
El historiador Antonio Rivera añade que, si la historia de ETA hubiera terminado con la muerte de Franco, ambos podrían haber sido considerados parte del panteón de los antifranquistas, como lo son otros como Grimau o Puig Antich. Sin embargo, la decisión de la organización de continuar con la violencia durante la democracia les arrebató esa posibilidad y “los metió en su saco terrorista”. Es curioso que no tenga tantas dudas al hablar de Puig Antich ya que algunas fuentes las oficiales del franquismo, apuntan a que era un “pistolero”. ¿Qué hacemos entonces? Además, hay cierta historia ficción en sus palabras ya que ambos pertenecían a ETA (pm) y, como he dicho antes, no sabemos si habrían sido los de la VII asamblea que se disolvieron en 1982.
Algunos de los análisis que se han hecho este verano adjetivan y juzgan la historia con categorías morales del presente, perdiendo de vista el contexto histórico y la brutalidad de un régimen que, en sus estertores, continuó sembrando el terror hasta el final. Estos análisis, al centrarse en la distinción entre víctimas del franquismo y “mártires de la democracia”, caen en una simplificación maniquea que ignora las complejidades de la lucha antifascista y la brutalidad de un régimen dictatorial que utilizaba el terror de Estado.
Su imagen como meros “victimarios” o “ciudadanos no ejemplares” se desmorona ante la evidencia de que sus ejecuciones fueron actos de terrorismo de Estado. Un proceso viciado desde su concepción, un entramado legal y militar diseñado para asesinar a la disidencia política.
El coronel auditor Pedro Ramírez Barbero, que participó en el proceso contra Otaegi, reconoce que “se usó la justicia militar para hacer algo que no era justo”. Las condenas a muerte estaban predeterminadas, sirviendo a los intereses de un régimen moribundo que quería “morir matando”. El testimonio del capitán de la Policía Militar, Fernando San Agustín, es definitivo: “Antes de que el consejo de guerra de ‘Txiki’ se iniciara, un general auditor ya daba por sentado que lo fusilarían”.
El razonamiento de “todos merecen memoria, pero no todos merecen homenaje”, referido a las víctimas del franquismo, es complicado de gestionar desde el punto de vista histórico y se corre el peligro de dejar el campo abierto a un mensaje peligroso que en Europa está más que afincado académica y políticamente.
El 26 de septiembre del año pasado, por ejemplo, en el ayuntamiento de Elche, los concejales de Vox plantearon una modificación en una propuesta de Compromís de homenaje a varias víctimas del franquismo y quisieron incluir en ella a José Antonio Primo de Rivera. De tal forma, equipararon a Miguel Hernández, que constaba en la propuesta, y Primo de Rivera. En una televisión generalista, hace tres años, alguna periodista llegó a decir que “ni los que bombardearon Gernika eran malos, ni los bombardeados tan buenos”.
Desde determinadas posiciones políticas se pretende equiparar a todos para difuminar la responsabilidad de la violencia del Estado franquista a través de todas sus formas. Una especie de totum revolutum. Sería conveniente no dejar el campo abierto a todo esto.