La historia tiene precedentes que conviene recordar.
Cuando Lantxabe propuso instalar la Casa de Cultura de Aiete en el Palacio de Aiete, se abrió un largo e intenso debate sobre el futuro de aquel edificio. El 8 de mayo de 2005, El País publicó un reportaje titulado «Cultura frente a dictadura», en el que recogía expresamente la posición del Partido Popular: convertir el Palacio de Aiete en un Parador Nacional de Turismo.
Aquella alternativa no prosperó. La movilización vecinal, las asambleas y la defensa de un uso público y cultural contribuyeron a que el palacio se recuperara para la ciudadanía.
Veintiún años después, el futuro del Palacio de La Cumbre continúa sin resolverse. El actual alcalde de Donostia, Jon Insausti, presenta nuevas propuestas sobre un edificio cuyo destino público lleva tiempo debatiéndose y sobre el que ya existían compromisos institucionales.
Marear la perdiz, aplazar decisiones y volver a discutir lo que ya se había acordado no es una forma de avanzar. Es una manera de prolongar la inacción.
No pudieron convertir el Palacio de Aiete en un parador de turismo. Pero, si nos descuidamos y seguimos dejando pasar el tiempo, ¿quién nos asegura que La Cumbre no termine teniendo un destino parecido?
No se trata de afirmar que exista hoy un proyecto para convertir La Cumbre en un parador, sino de advertir de lo que puede ocurrir cuando se posterga indefinidamente la recuperación pública de un patrimonio histórico.
La lección de Aiete sigue vigente: los edificios públicos no se recuperan para la ciudadanía solo con declaraciones de intenciones, sino con compromisos, decisiones y actuaciones concretas.
Titula Donostitik
«La Cumbre no puede convertirse en una sucesión interminable de anuncios institucionales»
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Félix Pérez Carrasco, miembro del Consejo Social de la Memoria Democrática, cuestiona la propuesta de Insausti conocida en un medio de comunicación y asegura que el alcalde no ha asistido a las reuniones del órgano, mientras EH Bildu acusa al Gobierno municipal de obstaculizar la cesión
La propuesta del alcalde de Donostia, Jon Insausti, de convertir el palacio de La Cumbre en un Centro de Archivo, Investigación y Divulgación sobre la Violencia de Motivación Política ha suscitado críticas tanto de Félix Pérez Carrasco, miembro del Consejo Social de la Memoria Democrática, como de EH Bildu. Pérez Carrasco recuerda que el destino memorialista del inmueble ya estaba contemplado en las iniciativas y acuerdos anteriores y advierte de que el anuncio «no debe ocultar más de un año de inacción del Gobierno municipal». Por su parte, EH Bildu cuestiona la credibilidad de la propuesta y acusa al Ejecutivo local de obstaculizar la cesión del edificio.
Pérez Carrasco critica que se presente como una iniciativa nueva la transformación de La Cumbre en un espacio dedicado a la memoria. «La propuesta merece atención. Pero su presentación deja una impresión de adanismo institucional: como si el proyecto comenzara ahora, como si nada se hubiera hecho anteriormente. Y no es así», señala en un escrito remitido a DonostiTik.
El miembro del Consejo Social recuerda que la recuperación del palacio es fruto de años de reivindicaciones ciudadanas, iniciativas de asociaciones memorialistas y acuerdos institucionales. También destaca que el 30 de abril de 2025 el Pleno municipal aprobó una moción promovida por Lantxabe, asociación vecinal de Aiete, respaldada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Donostia, con la oposición del PP, para acelerar la cesión.
Según explica, el 20 de mayo de 2025 se trasladó un borrador de convenio entre el Estado y el Ayuntamiento que contemplaba la cesión gratuita del inmueble y su dedicación a la memoria democrática, el reconocimiento de las víctimas, la reparación moral, los derechos humanos y la participación ciudadana.
«Lo que ahora necesitamos no es volver a anunciar propósitos, sino concretar compromisos, presupuestos, participación ciudadana y calendario de ejecución», reclama Pérez Carrasco, quien reconoce que la propuesta de Insausti introduce una definición más concreta de las funciones de archivo e investigación y delimita el periodo histórico entre 1936 y 2011.
«La Cumbre no puede convertirse en una sucesión interminable de anuncios institucionales. La memoria democrática exige verdad, reconocimiento y continuidad. También exige memoria sobre el propio camino recorrido», señala.
Pérez Carrasco añade otra crítica a la gestión municipal: asegura que Insausti no ha asistido a ninguna reunión del Consejo Social de la Memoria Democrática desde que accedió a la Alcaldía, pese a que ostenta su presidencia. El órgano tiene prevista una nueva reunión este miércoles.
EH Bildu denuncia falta de voluntad política
Por su parte, EH Bildu acusa al Gobierno municipal de haber obstaculizado la tramitación desde 2022 y sostiene que la cesión continúa sin materializarse cuatro años después del acuerdo alcanzado entre la coalición y el Gobierno español en el marco de la Ley de Memoria Democrática.
La formación considera que tanto el anterior alcalde, Eneko Goia, como Insausti han retrasado el procedimiento y denuncia la «opacidad» del Ejecutivo local respecto a las solicitudes de documentación trasladadas por el Gobierno central. También reprocha que la propuesta conocida ahora no se haya comunicado a las asociaciones memorialistas.
Las críticas llegan después de que el propio Ayuntamiento anunciara, en febrero de 2026, que había iniciado los trámites de desafectación de La Cumbre como paso previo a su cesión formal y que el procedimiento entraba en su fase final. EH Bildu sostiene, sin embargo, que el Ejecutivo municipal no ha atendido las solicitudes de documentación del Gobierno español y asegura que lo requerido podía haberse resuelto en dos días.
El portavoz municipal de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha registrado una interpelación que defenderá el próximo lunes, 19 de octubre, en las comisiones municipales. En ella pregunta por qué el Ayuntamiento no ha completado y enviado la documentación requerida, cuáles son las intenciones del alcalde respecto al inmueble y cuándo se produjo su último contacto con el Gobierno español para abordar la cesión.
13 octubre, 2026