del Patrimonio Cultural obligan

al propietario de un inmueble

calificado a conservarlo en buen

estado, y a las instituciones a

velar porque así se haga. El incumplimiento

de la ley, puede

suponer a unos y a otros, penas,

sanciones y multas. Las denuncias

sobre la ruina inminente

del caserío Munto que recoge

este diario, pueden (y deben)

dar inicio a un proceso de expropiación

forzosa que la evite.

Tanto las instituciones, como

los juzgados, tienen que actuar

sin más dilación y propiciar una

solución, que podría pasar por

reformar y reconvertir el edificio

en museo, casa de cultura o

Instituto de Derechos Humanos,

salvando así de la destrucción

prevista parte del Conjunto PalaciegoMonumental

de Aiete>>