del Patrimonio Cultural obligan
al propietario de un inmueble
calificado a conservarlo en buen
estado, y a las instituciones a
velar porque así se haga. El incumplimiento
de la ley, puede
suponer a unos y a otros, penas,
sanciones y multas. Las denuncias
sobre la ruina inminente
del caserío Munto que recoge
este diario, pueden (y deben)
dar inicio a un proceso de expropiación
forzosa que la evite.
Tanto las instituciones, como
los juzgados, tienen que actuar
sin más dilación y propiciar una
solución, que podría pasar por
reformar y reconvertir el edificio
en museo, casa de cultura o
Instituto de Derechos Humanos,
salvando así de la destrucción
prevista parte del Conjunto PalaciegoMonumental
de Aiete>>
