3 de cada 4 muertes por el Corona Virus han sucedido en los geriátricos.

El cine, la literatura, la vida nos ha ofrecido decenas de estampas de gente mayor que no quiere ir al asilo. Y sus familias cargaban con un grave problema de conciencia si no tenían más remedio que llevarles a esos centros, que eran tenidos como una maldición.

Más modernamente se construyeron residencias sanitarias abiertas, individualizadas, modernas, preparadas adecuadamente para personas de edad y una cariñosa atención por parte de la mayoría del personal residente.

Ahora bien, esa apariencia cristalina ocultaba dos hechos que ahora el Corona Virus puesto en trágica, en cruel evidencia: el negocio de las empresas privadas que las gestionan y la frialdad ‘política’ de los presupuestos que se dedican a estos centros.

Ingresar en una residencia en Guipuzkoa es una tarea titánica, para conseguir una plaza pública son necesarios numerosos test de invalidez, hechos en condiciones carentes de la mínima objetividad, y, para ingresar en una privada, abonar 3.500 euros al mes.

Muchas personas ancianas se quedan fuera, “en lista de espera”, teniendo una vida muy difícil por sus condiciones de dependencia; pero ahora hemos visto que para aquellas que lograron la plaza, les esperaba algo peor basado en la dejadez y la miseria de la partida presupuestaria dedicada a las residencias de mayores, como si hubieran sido condenadas a muerte de antemano.

Unas mujeres y unos hombres que han tenido un vida generosa e intensa, condenadas a no tener a nadie a su lado en su último suspiro, la inhumanidad de los responsables, va pareja a la saña como la que se cobra el virus, impidiendo a las familias despedirse de las abuelas y de los abuelos a los que adoran. Parece mentira que un mal que se combate con agua y jabón, con los guantes y las mascarillas que tanto escasean, lo que alberga en sus minúsculas entrañas sea tan semejante a la corrosión del propio sistema que ha permitido que se llegara tan lejos. La crueldad que obliga a inmunizar el último adiós a los que más queremos, que prohíbe que nos acerquemos, que impide que nos toquemos, y mucho menos que nos demos un beso; nuestra desazón, su desamparo, no lo sustituye la fraternidad de los balcones

Dice el Ararteko que «La fuerte incidencia sanitaria y social que este virus ha tenido en las personas mayores deberá, sin duda, incitar en el futuro inmediato a una reflexión sobre el modelo de cuidado que queremos para nuestros mayores», y anuncia que contribuirá a esta reflexión global en el transcurso del próximo curso de verano de esta institución.

Este problema necesita ser analizado más profunda y consecuentemente que en un ‘curso de verano’.

Es necesario revisar y probablemente cambiar las políticas que ceden las residencias de nuestros mayores a las leyes del mercado.

Los recursos que la diputación debe poner para una saludable estancia deben esta a la altura de lo que esas personas han aportado a la sociedad, que es mucho. Los presupuestos de la diputación deben discernir entre una carretera y una persona anciana, y decidir la inversión prioritaria.

Además es obligatorio abrir el debate sobre los controles y la gestión de estos centros, de cómo recompensar a quienes se han estado jugando la vida por 900 euros brutos al mes, de quienes llevan un mes sin ver a sus hijos por no exponerles al salir de su trabajo, de quienes llevan decenas de llamadas hechas a familiares preocupados y cargan con el dolor de cada desvalido fallecimiento. Por todos ellos, también se sale a los balcones y, quizás pronto, a las calles.

Es el personal sanitario quien está a la altura del reto, y decide quedarse con ellos para no meter – ni sacar – los virus del asilo. Y desde allí denuncian la falta de test, de equipos de protección individual, la falta de EPIs y de ancianos rechazados por hospitales… Falta de espacios y personal médico, sobre todo, pero también de personal auxiliar, de la precariedad de los contratos y hasta de recortes en la comida. Un personal que lleva muchos años de lucha y de huelga, lidiando con una Administración que año tras año les aprieta más y privatiza cada vez más servicios; dando pie a un negocio en el que hasta ahora el “todo vale” para lograr unos beneficios económicos que han reinado por encima del bien de los mayores, ya que muchos se encontraban en una situación tan desesperada que o aceptaban ese centro o no tenían ninguna otra alternativa habitacional o de cuidados.

Morir así, a manos de un patógeno asesino, después de haber sobrellevado una existencia preñada de escollos, es una injusticia que debe pesar sobre nuestras conciencias.

Cada anciano, cada anciana muerta en una residencia es un fracaso de la sociedad de bienestar. Es obligatorio transformar las residencias en fortalezas inexpugnables contra el coronavirus y contra cualquier bicho invasivo

Es espantoso contemplar estas miserias tan de cerca, en una sociedad que se precia a sí misma de su progreso, de su modernidad, que tiene ahora el cinismo de afirmar que “no dejará a nadie atrás”.

Y los responsables de la situación deben dar explicaciones concretas sobre por qué pasa lo que está pasando.

Se pide que las residencias sean algo más que aparcaderos de personas mayores, que se les destine todos los recursos necesarios, que se les dote de instalaciones y atenciones dignas, que se asegure y contraste la humanidad de los que dirigen estos centros, de los que velan sobre el terreno, y de la calidad de esos cuidados. (El afecto y dilección del personal sanitario está demostrado)

De lo que a todos y cada uno de nosotros importen estos cuidados depende el futuro de unos modelos de residencia para los ancianos y del quehacer político consecuente.