El Gobierno español dispondrá de un plazo de 6 meses para posicionarse sobre la reactivación de la central tras el beneplácito condicionado emitido por el CSN
La central nuclear de Santa María de Garoña está localizada en el valle de Tobalina, en Burgos, a pocos kilómetros de Vitoria-Gazteiz (243.918 habitantes (INE, 2015),ocupando así el puesto número 17 entre los municipios más poblados de España)
Ni el rechazo de la ciudadanía, ni la oposición de la mayoría política vasca -y española- han conseguido alterar el criterio de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ayer apadrinaba la renovación de la licencia de actividad para la central nuclear de Garoña. Con condiciones, sí: que Nuclenor, la propietaria de la planta, cumpla con las inversiones en seguridad requeridas desde hace años para poder prolongar la vida útil de esta instalación -gemela de la de Fukushima- hasta 2031. Porque, tal y como denunciaron recientemente los técnicos del CSN, desde que la central fue desenchufada de la red eléctrica no se ha ejecutado ninguna de esas medidas de garantía requeridas.
El dictamen del CSN, en principio adoptado según criterios técnicos, descubre en realidad el escenario ya denunciado por plataformas sociales y colectivos ecologistas: la última palabra sobre este asunto será política. En concreto del Gobierno español, que tendrá un plazo de 6 meses para pronunciarse y decretar la reapertura -o no- de Garoña. También corresponderá al gabinete de Mariano Rajoy decidir el tiempo de vigencia de esa licencia de actividad. Nuclenor [participada por las eléctricas Endesa e Iberdrola] estampó en su solicitud 2031, veinte años por encima de la fecha de caducidad del reactor, tal y como anunció Westinghouse cuando se lo vendió a Nuclenor allá a finales de la década de los años sesenta del siglo pasado.
Ninguno de estos criterios han sido valorados en esta labor de arbitraje del CSN. Tampoco las palabras pronunciadas hace un par de ejercicios (los mismos que se han empleado para elaborar los informes técnicos sobre Garoña) por Juan Carlos Lentijo, director general adjunto de Seguridad Nuclear de la OIEA, quien en aquel entonces hablaba de «sacar lecciones» tras el accidente de Fukushima «que puedan ayudarnos a mejorar». Las medidas de seguridad requeridas para Garoña -otros reactores similares en Bélgica han sido ya clausurados de forma definitiva- no han sido ejecutadas. Sin embargo, el CSN vuelve a insistir en su reclamación.
Antonio Munuera, director técnico de seguridad de ese organismo, expresaba ayer que los requerimientos que el dictamen recoge para Garoña pueden ser agrupadas en diez grandes condiciones, la mayoría de las cuales atienden a modificaciones en el diseño exigidas desde la catástrofe de la central japonesa, ocurrida en 2011. Esas modificaciones deberán ejecutarse antes de la carga del combustible nuclear y empezar a producir electricidad.
Pero antes, el dictamen del CSN deberá recibir la confirmación definitiva de manos del Ejecutivo español y Nuclenor aceptar la encomienda, claro. El informe incluye ocho condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras dos más concretas con modificaciones muy específicas, como el aislamiento de la contención primaria, la protección de equipos frente a una potencial caída del techo de la turbina a consecuencia de un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado.
Según fuentes del organismo regulador, esas obras están «prácticamente finalizadas» pero «muchas otras» podrían llevar «al menos doce meses de trabajos» a Nuclenor. «El CSN no autoriza a Garoña a operar ni lo desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo. Es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo» aseguraba por su parte Fernando Marti, presidente del CSN
En definitiva, una decisión estrictamente política que deberá tomar un Gobierno en mayoría minoritaria y con gran parte del arco parlamentario claramente posicionado contra Garoña. Quizá por ello, fuentes del Ministerio dirigido por Álvaro Nadal se apresuraron ayer a asegurar que a partir de ahora se prevé la apertura de un diálogo «con todas las partes» implicadas en este proceso antes de tomar la decisión definitiva (que estará fundamentada en el «interés general», dijeron) sobre la central, ubicada en el valle burgalés de Tobalina, a una treintena de kilómetros de tierras alavesas.
¿Y después qué? Cuando se conozca la postura del Gobierno español, será la compañía participada por Endesa e Iberdrola la que tendrá la última palabra sobre la reapertura de la planta, que lleva parada desde el 16 de diciembre de 2012. Más de cuatro años durante los cuales Nuclenor ha invertido más de 300 millones de euros en su mantenimiento, lo cual tampoco garantiza que en sus planes a futuro se contemple la posibilidad de continuar invirtiendo en Garoña con vistas a su reapertura. La entidad, por de pronto, esperará a analizar las condiciones establecidas en el informe del CSN para tomar una decisión definitiva, siempre supeditada al plácet previo del Ejecutivo español.
Cuestionados al respecto, los consejeros del organismo regulador dijeron desconocer a cuánto podrían ascender las mejoras en materia de seguridad que se exigen a la planta, muchas de los cuales siguen pendientes de acometer desde su cierre por motivos económicos.
En cualquier caso, el informe favorable emitido ayer por el CSN, aunque tenga esos condicionantes, abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales en el caso de que finalmente el Ministerio no le otorgue la licencia de funcionamiento.
Y, tal y como han venido denunciando colectivos y formaciones políticas contrarias a la reapertura de la central, el dictamen del CSN abre la puerta a la obtención de permisos de explotación por encima de los diez años reglados, y otorga por primera vez permiso para operar hasta los 60 años, una circunstancia que puede ser un ejemplo para el resto del parque nuclear del Estado. La decisión del CSN sienta un precedente histórico ya que no solo se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años, sino que desliga la revisión integral de seguridad de la central -que se realiza cada diez años- del aval para operar, que se ha dado para 14 años (hasta 2031).
En este sentido, tal y como ilustraba ayer la socialista Cristina Narbona (el único voto negativo del CSN para avalar la reapertura de la central de Garoña), «no está justificado por qué se pasa de una práctica reconocida a escala internacional, como es la renovación a diez años en lugar de renovaciones de explotación sin fecha, máxime cuando los requerimiento de seguridad que se le habían hecho antes incluso de pedir el dictamen de hoy no se habían cumplido».
El apunte
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió a finales de enero (día 25) el expediente de la solicitud de autorización de explotación de la central nuclear para prorrogar la vida útil de esta instalación. El CSN ha tenido sobre la mesa 167 informes de evaluación elaborados en los dos últimos años, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión, que corresponden a las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo relacionado con esa prórroga.
El dictamen emitido ayer por el Consejo de Seguridad Nuclear salió adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros que integran el máximo órgano de la seguridad nuclear en España (tres propuestos por el PP y una por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno del CSN, Cristina Narbona (también propuesta por el PSOE) votó en contra.
J. Fernández – Jueves, 9 de Febrero de 2017
Noticias de Gipuzkoa
El Consejo de Seguridad Nuclear ha evacuado -en sentido fisiológicamente literal, como quien dice- su decisión sobre la central de Santa María de Garoña. Pulgar hacia arriba. Procede alargar indefinidamente la vida de la chatarra de Endesa (la de Felipe, la de Aznar?). Y si casca, que casque, les ha faltado añadir a los infalibles sabios de parte que, para que no se diga, se cubren las vergüenzas aclarando que la reapertura estaría condicionada a “la realización de las inversiones necesarias”. Sabemos que eso quiere decir que con una mano de chapa y pintura bastará para que los propietarios vuelvan a poner en peligro a los cientos de miles de personas que se mencionan en el bien trabajado artículo de J. Fernández
Falta la última palabra del Gobierno español. ¿Qué decidirá, teniendo en cuenta que han sido los tres miembros del CSN elegidos por el PP los que han votado por el permiso para seguir? No pinta demasiado bien el asunto. Es poco probable que los integrantes de la camarilla de Rajoy, -en efecto ese señor decidirá- quieran jugarse su futura entrada por la puerta giratoria. Qué casualidad, por cierto, las subidas sin freno del recibo de estos últimos días y sus correspondientes justificaciones de pata de banco. Que si la falta de lluvia y viento. Que si la electricidad que producen las nucleares es mucho más barata.
Miente, en todo caso, quien pretenda que lo de Garoña va de nucleares sí o no. Es una cuestión de seguridad primaria y de decencia básica. Simplemente, que vuelva a funcionar un cascajo así es una amenaza inasumible.
¡Que Dios nos coja confesados!
Luz Pajares
Dicen que cuando el dedo apunta a la luna, el necio mira el dedo.
Así lo veo con Garoña. Para mí, solo una pieza en un puzzle de intereses. Garoña no es el fin, es el medio.
Porque es difícil de creer que Nuclenor pretenda reabrir Garoña, cuando hace 10 meses Galán anunció a los sindicatos su cierre definitivo por motivos económicos. Que vaya a acometer las inversiones a las que se condiciona la reapertura, cuando no lo hizo con las que se le exigieron hace dos años. No. La gemela de Fukushima está amortizada. Pero su prórroga ampliaría de hecho la vida útil de las centrales restantes y, de paso, si no se ejecuta, podría acabar con una jugosa indemnización. En Francia por cerrar Fessenheim, la mas vieja, del 77 Garoña es del 66, EDF recibirá pàra empezar 500 millones de euros.
Empieza el regateo económico…y político. Algunos medios en Madrid ya especulaban ayer con que el Gobierno Rajoy incluirá Garoña en la negociación presupuestarias con el PNV.