Un comentario en “Viñeta de Sciammarella del 5 de enero de 2017”
Baltasar Garzón
Federico Trillo es un curioso y conspicuo personaje de sobra conocido por su capacidad de maniobra en el terreno político o en el que se tercie; por el calibre de sus “valores profesionales”, que le han llevado incluso a conseguir plaza en una de las principales embajadas europeas, la de Reino Unido, sin tener relación alguna con la carrera diplomática y por el respeto profundo que imponen sus conocimientos (es decir, lo que se supone conoce) en sus correligionarios del Partido Popular, Rajoy incluido.
Todo eso es sabido. Trillo se ha movido siempre entre las sombras donde el desmedro se hace virtud y la traición, hábito. Por supuesto, en casi la totalidad de las ocasiones ese actuar sinuoso provoca cierta reverencia peligrosamente próxima o quizás temor por lo que calla. Y por lo que resuelve.
Hoy, en momentos aciagos, cuando el Consejo de Estado de forma demoledora establece que el accidente del Yak 42 podría haberse evitado si los responsables de Defensa hubieran velado por sus hombres, se oculta en forma cobarde de aquella responsabilidad que le persigue desde que arteramente se desentendió, haciéndola recaer en otros, de su responsabilidad en el siniestro del Yak 42.
Pero a pesar de la contundencia del dictamen, el PP y su presidente a la cabeza han salido a la palestra, como ya hicieran en el caso Gürtel en febrero de 2011, para amparar a su compañero. “Eso ya está sustanciado judicialmente”, ha manifestado Rajoy de forma escueta y, como acostumbra, ha aclarado que “eso” “pasó hace muchísimos años”. Ergo, en la filosofía mariana, el problema y por ende la responsabilidad, ya no existen.
Lo cierto es que murieron 62 militares cuando volvían de una misión en Afganistán y el avión que los transportaba se estrelló en tierras turcas. Esas muertes podrían y deberían haberse evitado.
El entonces ministro Trillo, en los primeros momentos tras el siniestro, dijo que el aparato estaba en perfecto estado y que la responsabilidad de certificar las condiciones en que volaba el avión era de la NAMSA. Cinco años más tarde, en su declaración por escrito ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, quien investigaba posibles irregularidades en la contratación del aparato, el antiguo titular de Defensa afinó más, culpando del alquiler a sus subordinados, los militares del Estado Mayor Conjunto (EMACON).
¿Cuál era entonces el papel del ministro, el máximo responsable político del Ministerio al que pertenecían aquellos 62 hombres? Según explicó se limitó a decidir «la participación de España en las misiones internacionales». Ahora bien, «son las autoridades militares las que asumen las competencias operativas y logísticas de la misión». Entre otras cosas afirmaba en aquella declaración que antes del siniestro no conoció queja alguna sobre la seguridad de los aparatos alquilados a la antigua URSS. Matizó que todas esas afirmaciones se basaron «en la documentación remitida por el EMACON del Estado Mayor de la Defensa». Ya se sabe. La culpa es siempre del maestro armero. Y el máximo responsable, ocultándose en la retaguardia al resguardo de un muro de indignidad. Lo del paso al frente, lo olvidó el señor ministro.
Para el Consejo de Estado tal planteamiento se contradice con el informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército, que un mes antes del siniestro apuntaba el riesgo de traslado en tales aviones debido al deficiente mantenimiento de los mismos. Nadie hizo nada. Nadie quiso saber nada. Empezando por el ministro. Un ministro que también protagonizó el escándalo de la confusión de los restos de los fallecidos, repatriados sin llevar a cabo las necesarias autopsias de identificación. Todavía siento el dolor de las familias y sus caras de contrición ante la farsa de un funeral de Estado que, ante todo, tenía que escenificar el dolor oficial para acallar las críticas por una gestión desastrosa. Prisas y mentiras en una confusión absoluta en que unas personas fueron reconocidas como otras… Chanchullos y malos modos de actuar que incrementaron el dolor de las familias.
Pese a todo, Trillo se libró de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo no encontró indicios suficientes para imputarle un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, que es lo que atribuían los familiares de las víctimas. La respuesta del alto tribunal tenía como origen el escrito remitido por el instructor, Grande-Marlaska, quien pedía saber si procedía o no acusar a Trillo. Juez que, por si había dudas, aclaraba dos días después en otro escrito que no veía «indicios de responsabilidad» en la gestión de Trillo como ministro. El Supremo consideró que no resultaba procesalmente necesaria la imputación. Todo estaba en orden y como debía ser.
A estas alturas del artículo debo añadir un nuevo “valor” al personaje. Me refiero a una cualidad poco edificante en quien era el primer responsable de las Fuerzas Armadas: parapetarse tras los mandos para eludir su propia acción o la omisión de la misma. Esta actitud dice muy poco de una persona que debería defender el trabajo de los suyos.
Pero a lo mejor yo estoy en un error y para el señor Trillo, los militares con los que tenía obligación de trabajar codo a codo y por los que debía velar como responsable máximo, como bien recuerda el Consejo de Estado, no eran los suyos.
Quizás los únicos suyos o según se mire, los que le pertenecían, eran los otros, los del Partido Popular. Para muestra un botón: Siendo Trillo diputado y portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso, además de coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, se le concedió la gracia de mantener en activo su despacho de abogados denominado Estudio Jurídico Labor, administrado por sus hijos.
Un permiso bien gratificado. El 21 de diciembre de 2009 apareció un pago de 69.900 euros por parte del Partido Popular a este bufete. La realidad del abono la confirmó la propia María Dolores de Cospedal, hoy también ministra en la misma cartera que Trillo. Aunque el PP negó que ese dinero se destinara a pagar la defensa de los militares encausados en el caso Yak 42, como se llegó a decir. No obstante, de ese tema quedaría en el año 2013 el testimonio de Luis Bárcenas, quien afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había entregado dinero de la caja B del PP al exministro de Defensa para pagar la representación jurídica de los militares acusados. Finalmente, no se sabe bien por qué, no se profundizó en esta investigación y quedó en el aire el destino final de ese dinero.
Lo que sí quedó claro es que la actuación de Trillo en el caso del Yak 42 se alejó de lo moralmente recomendable, esta última acción en el ámbito profesional podría bordear el término desfachatez en cuanto a la mezcolanza de los asuntos públicos y privados de la que debe exigirse inhibición a todo representante elegido por el pueblo y a todo cargo institucional.
Sin embargo, muchos deben ser los valores que el presidente Mariano Rajoy ha visto en este hombre, del mismo modo que anteriormente lo hicieran importantes personajes como Manuel Fraga o José María Aznar con todo su grupo político. Con los primeros, Trillo compartió además otra joya de la corona de su tiempo: la guerra de Irak. El caso es que Rajoy no dudó en nombrarle embajador en Londres, no por su preparación en esta área, sino por los servicios prestados.
Federico Trillo nos representa por tanto desde marzo del 2012 ante Su Graciosa Majestad, alguien de quien se desprende, al resumir la exposición anterior, que no vela por sus compatriotas, el honor le es al parecer indiferente, no hace gala de valentía ante los sucesos que afectan a la institución y a sus subalternos y demuestra interés manifiesto por el propio beneficio económico.
Peor aún: con absoluto desparpajo y evidente desprecio a los ciudadanos realizaba este jueves unas declaraciones en una emisora de radio afirmando que ya antes del verano pidió el traslado de la embajada para volver al Consejo de Estado, el mismo órgano que le ha puesto en evidencia, y reavivando teorías conspirativas en contra suya y del Gobierno por parte de “los de siempre” apuntando en particular al medio de comunicación que ha sacado a la palestra los datos que le afectan, para considerar a continuación que el informe del Consejo de Estado “no añade nada”.
Cuando un político presenta tan graves carencias, cuanto menos debería pedir perdón y emprender la retirada y no esperar a que lo cambien en la siguiente remodelación ni buscar argumentos para seguir culpabilizando a los otros… de sus propias faltas. Y es que para quien está al mando hay siempre algunos preceptos imprescindibles: la protección del débil predomina sobre cualquier otro concepto y la dignidad prevalece sobre el miedo. En este caso, la indignidad se ha impuesto sobre la dignidad de las víctimas que todavía siguen buscando respuestas.
FEDERICO TRILLO
Federico Trillo es un curioso y conspicuo personaje de sobra conocido por su capacidad de maniobra en el terreno político o en el que se tercie; por el calibre de sus “valores profesionales”, que le han llevado incluso a conseguir plaza en una de las principales embajadas europeas, la de Reino Unido, sin tener relación alguna con la carrera diplomática y por el respeto profundo que imponen sus conocimientos (es decir, lo que se supone conoce) en sus correligionarios del Partido Popular, Rajoy incluido.
Todo eso es sabido. Trillo se ha movido siempre entre las sombras donde el desmedro se hace virtud y la traición, hábito. Por supuesto, en casi la totalidad de las ocasiones ese actuar sinuoso provoca cierta reverencia peligrosamente próxima o quizás temor por lo que calla. Y por lo que resuelve.
Hoy, en momentos aciagos, cuando el Consejo de Estado de forma demoledora establece que el accidente del Yak 42 podría haberse evitado si los responsables de Defensa hubieran velado por sus hombres, se oculta en forma cobarde de aquella responsabilidad que le persigue desde que arteramente se desentendió, haciéndola recaer en otros, de su responsabilidad en el siniestro del Yak 42.
Pero a pesar de la contundencia del dictamen, el PP y su presidente a la cabeza han salido a la palestra, como ya hicieran en el caso Gürtel en febrero de 2011, para amparar a su compañero. “Eso ya está sustanciado judicialmente”, ha manifestado Rajoy de forma escueta y, como acostumbra, ha aclarado que “eso” “pasó hace muchísimos años”. Ergo, en la filosofía mariana, el problema y por ende la responsabilidad, ya no existen.
Lo cierto es que murieron 62 militares cuando volvían de una misión en Afganistán y el avión que los transportaba se estrelló en tierras turcas. Esas muertes podrían y deberían haberse evitado.
El entonces ministro Trillo, en los primeros momentos tras el siniestro, dijo que el aparato estaba en perfecto estado y que la responsabilidad de certificar las condiciones en que volaba el avión era de la NAMSA. Cinco años más tarde, en su declaración por escrito ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, quien investigaba posibles irregularidades en la contratación del aparato, el antiguo titular de Defensa afinó más, culpando del alquiler a sus subordinados, los militares del Estado Mayor Conjunto (EMACON).
¿Cuál era entonces el papel del ministro, el máximo responsable político del Ministerio al que pertenecían aquellos 62 hombres? Según explicó se limitó a decidir «la participación de España en las misiones internacionales». Ahora bien, «son las autoridades militares las que asumen las competencias operativas y logísticas de la misión». Entre otras cosas afirmaba en aquella declaración que antes del siniestro no conoció queja alguna sobre la seguridad de los aparatos alquilados a la antigua URSS. Matizó que todas esas afirmaciones se basaron «en la documentación remitida por el EMACON del Estado Mayor de la Defensa». Ya se sabe. La culpa es siempre del maestro armero. Y el máximo responsable, ocultándose en la retaguardia al resguardo de un muro de indignidad. Lo del paso al frente, lo olvidó el señor ministro.
Para el Consejo de Estado tal planteamiento se contradice con el informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército, que un mes antes del siniestro apuntaba el riesgo de traslado en tales aviones debido al deficiente mantenimiento de los mismos. Nadie hizo nada. Nadie quiso saber nada. Empezando por el ministro. Un ministro que también protagonizó el escándalo de la confusión de los restos de los fallecidos, repatriados sin llevar a cabo las necesarias autopsias de identificación. Todavía siento el dolor de las familias y sus caras de contrición ante la farsa de un funeral de Estado que, ante todo, tenía que escenificar el dolor oficial para acallar las críticas por una gestión desastrosa. Prisas y mentiras en una confusión absoluta en que unas personas fueron reconocidas como otras… Chanchullos y malos modos de actuar que incrementaron el dolor de las familias.
Pese a todo, Trillo se libró de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo no encontró indicios suficientes para imputarle un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, que es lo que atribuían los familiares de las víctimas. La respuesta del alto tribunal tenía como origen el escrito remitido por el instructor, Grande-Marlaska, quien pedía saber si procedía o no acusar a Trillo. Juez que, por si había dudas, aclaraba dos días después en otro escrito que no veía «indicios de responsabilidad» en la gestión de Trillo como ministro. El Supremo consideró que no resultaba procesalmente necesaria la imputación. Todo estaba en orden y como debía ser.
A estas alturas del artículo debo añadir un nuevo “valor” al personaje. Me refiero a una cualidad poco edificante en quien era el primer responsable de las Fuerzas Armadas: parapetarse tras los mandos para eludir su propia acción o la omisión de la misma. Esta actitud dice muy poco de una persona que debería defender el trabajo de los suyos.
Pero a lo mejor yo estoy en un error y para el señor Trillo, los militares con los que tenía obligación de trabajar codo a codo y por los que debía velar como responsable máximo, como bien recuerda el Consejo de Estado, no eran los suyos.
Quizás los únicos suyos o según se mire, los que le pertenecían, eran los otros, los del Partido Popular. Para muestra un botón: Siendo Trillo diputado y portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso, además de coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, se le concedió la gracia de mantener en activo su despacho de abogados denominado Estudio Jurídico Labor, administrado por sus hijos.
Un permiso bien gratificado. El 21 de diciembre de 2009 apareció un pago de 69.900 euros por parte del Partido Popular a este bufete. La realidad del abono la confirmó la propia María Dolores de Cospedal, hoy también ministra en la misma cartera que Trillo. Aunque el PP negó que ese dinero se destinara a pagar la defensa de los militares encausados en el caso Yak 42, como se llegó a decir. No obstante, de ese tema quedaría en el año 2013 el testimonio de Luis Bárcenas, quien afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había entregado dinero de la caja B del PP al exministro de Defensa para pagar la representación jurídica de los militares acusados. Finalmente, no se sabe bien por qué, no se profundizó en esta investigación y quedó en el aire el destino final de ese dinero.
Lo que sí quedó claro es que la actuación de Trillo en el caso del Yak 42 se alejó de lo moralmente recomendable, esta última acción en el ámbito profesional podría bordear el término desfachatez en cuanto a la mezcolanza de los asuntos públicos y privados de la que debe exigirse inhibición a todo representante elegido por el pueblo y a todo cargo institucional.
Sin embargo, muchos deben ser los valores que el presidente Mariano Rajoy ha visto en este hombre, del mismo modo que anteriormente lo hicieran importantes personajes como Manuel Fraga o José María Aznar con todo su grupo político. Con los primeros, Trillo compartió además otra joya de la corona de su tiempo: la guerra de Irak. El caso es que Rajoy no dudó en nombrarle embajador en Londres, no por su preparación en esta área, sino por los servicios prestados.
Federico Trillo nos representa por tanto desde marzo del 2012 ante Su Graciosa Majestad, alguien de quien se desprende, al resumir la exposición anterior, que no vela por sus compatriotas, el honor le es al parecer indiferente, no hace gala de valentía ante los sucesos que afectan a la institución y a sus subalternos y demuestra interés manifiesto por el propio beneficio económico.
Peor aún: con absoluto desparpajo y evidente desprecio a los ciudadanos realizaba este jueves unas declaraciones en una emisora de radio afirmando que ya antes del verano pidió el traslado de la embajada para volver al Consejo de Estado, el mismo órgano que le ha puesto en evidencia, y reavivando teorías conspirativas en contra suya y del Gobierno por parte de “los de siempre” apuntando en particular al medio de comunicación que ha sacado a la palestra los datos que le afectan, para considerar a continuación que el informe del Consejo de Estado “no añade nada”.
Cuando un político presenta tan graves carencias, cuanto menos debería pedir perdón y emprender la retirada y no esperar a que lo cambien en la siguiente remodelación ni buscar argumentos para seguir culpabilizando a los otros… de sus propias faltas. Y es que para quien está al mando hay siempre algunos preceptos imprescindibles: la protección del débil predomina sobre cualquier otro concepto y la dignidad prevalece sobre el miedo. En este caso, la indignidad se ha impuesto sobre la dignidad de las víctimas que todavía siguen buscando respuestas.