“Sense and Sensibility” para con la pobreza

edvard-munchSentido y sensibilidad es el título una novela de Jane Austen que ocupó la tertulia de Aiete en el 19 abril del año 2012. (En julio de aquel año visitamos su vivienda-museo en Bath, al sur de Inglaterra)

Las personas que acudieron a la tertulia vieron en la novela una narración maravillosa. Jane Austen transmite con maestría y de manera fidedigna los entresijos de la conducta humana: nuestras debilidades y nuestras pasiones.

Los episodios domésticos de la escritora inglesa, aunque lejanos en el tiempo, son permanentes en la conducta humana. Lo que Jane Austen nos cuenta en su novela es universal y atemporal; nuestras pasiones son parecidas, (alguien dijo en aquella tertulia que son las mismas desde el neolítico, comunes al hombre de las cavernas). Los lectores entablaron cada protagonista una cordial empatía: figuras tiernas, humanas, que nos conmueven con sus acciones y sus sentimientos, personas cercanas, entrañables que en la pluma de la escritora alcanzan un impacto inmediato

El mismo sentimiento que nos conmueve con las personas pobres que habitan con nosotros y que no han tenido suerte en la vida

Estamos orgullosos de que fruto de ese sentido y sensibilidad, Euskadi disponga de un plan de rentas mínimas que en medio de la pobreza más extrema, saca de ella a mas de 45.000 personas, aunque todavía nos quede el reto de otras 35.000 personas y familias que siguen, año tras año, en el borde de la indigencia

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene problemas en la gestión de la RGI y PCV. Demasiados procedimientos a gestionar, desde la concesión de la RGI/PCV, a su revisión bianual, pasando por la tramitación de las suspensiones, la resolución de los recursos, las modificaciones en los importes de la RGI cuando cambiaban las condiciones de las unidades perceptoras, etc., etc. Un calvario de tareas administrativas que soportan colectivos de personas con situaciones familiares y sociales extremadamente frágiles, sobre todo en el caso de la gente migrante.

Lanbide no tiene estructuras ni personal suficiente para desarrollar esta labor, y con las políticas austericidas, el sistema ha arrojado al paro y a la pobreza decenas de miles de personas, un aluvión que por su carencia de ingresos, han colmado de solicitudes de la renta mínima a Lanbide.

El modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas del Gobierno vasco contiene tres tipos de prestaciones económicas y un convenio de inserción.

La prestación más importante es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y está en la actualidad en: 619 € mensuales para una Unidad de Convivencia Independiente (UCI) de una persona y 703,73 € si es pensionista, e incrementada a 795,22 € para una UCI de 2 personas, 879,66 € en el caso de los/as pensionistas, y a 879,66 € para una UCI de 3 o más personas, 950,04 € para pensionistas (la UCI es un término casi equivalente al de familia).

La finalidad de la RGI es cubrir los gastos básicos para la supervivencia (comida, vestido y calzado) y para la inserción laboral y tiene como requisitos principales los siguientes:

  1. Ser mayor de 23 años (salvo excepciones).

  2. No contar con ingresos que superen los importes de la RGI. Cuando hay ingresos de trabajo el importe total, sumando estos ingresos y la RGI se eleva para combatir la trampa de la pobreza, a través de una fórmula polinómica que no contabiliza una parte de los ingresos percibidos por el empleo por cuenta ajena o propia. En este caso las cantidades percibidas de RGI (es decir, complementos que se añaden a los ingresos del empleo) son, aproximadamente, las siguientes:

    a) entre 670 y 370 euros para una UCI que cobre por su empleo entre 300 y 600 euros mensuales;

    b) entre 840 y 540 euros mensuales para una UCI de 2 miembros que ingrese por su trabajo entre 300 y 600 euros mensuales;

    c) entre 920 y 620 euros mensuales para una UCI de 3 o más miembros que ingrese del trabajo entre 300 y 600 euros mensuales.

  3. Contar como UCI con un año de antigüedad (demostrable a través del empadronamiento y la residencia efectiva).

La RGI tiene la consideración legal de derecho subjetivo, lo que significa que no puede quedar eliminada, suspendida o recortada ante la inexistencia de presupuesto.

La otra prestación económica que acompaña a la RGI, es la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), dotada con 250 € mensuales y destinada al pago de alquileres de viviendas en régimen de alquileres libres (no subvencionados).

En tercer lugar están las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar, situaciones de marginación social: gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda; gastos de mobiliario y de electrodomésticos “línea blanca”; gastos de adaptación, reparación y/o instalaciones básicas en la vivienda; gastos relativos a las necesidades primarias; y gastos de endeudamiento previo.

Las condiciones para ser acreedor o acreedora a la AES son

  1. tener más de 18 años;

  2. no contar con ingresos superiores a 1,5 veces la RGI (esta cantidad se aumenta en los casos de tener ingresos de trabajo);

  3. empadronamiento en la CAPV con una antigüedad de 6 meses;

  4. haber constituido una UCI con un año previo inmediato de antigüedad.

Las AES no son un derecho subjetivo, lo que implica que son recortadas o eliminadas cuando el presupuesto no llega, cosa que ha sido la norma en toda la vida de las AES, con la excepción de algunos municipios, como el de Donostia, que cubren con su presupuesto municipal lo que queda de descubierto de la parte recibida de los fondos del Gobierno Vasco.

(Este hecho fue puesto en evidencia en la última reunión plenaria que tuvo lugar en la casa de cultura el pasado mes de enro. Las personas vinculadas a Lantxabe plantearon a la representación municipal que si la causa para no atender mejor el mantenimiento urbano -como se afirmó- era el dinero que debería gastarse el municipio en la AES, que esto se hiciera público, para que todos lo supiéramos. Lo primero son las personas necesitada, se planteó desde la asociación)

Las cantidades máximas que se pueden percibir como Ayudas de Emergencia Social oscilan entre 555 € anuales para mantenimiento de la vivienda y 2.500 € anuales para pagos de alquiler (incompatibles con la PCV), variando en función del tipo de ayuda solicitado y de la composición de la UCI. Una misma persona puede solicitar AES por conceptos diferentes con un tope anual de 3.000 €.

Los convenios de inserción -búsqueda activa de empleo- son una condición que deben cumplir los perceptores de RGI, aunque el comportamiento del mundo empresarial hace que las posibilidades reales de encontrar empleo para este colectivo sigue siendo muy difícil, mejorando poco o nada la inserción laboral y el empleo de estas personas.

Lo cierto es que las familias y personas perceptoras de RGI, PCV y AES han crecido exponencialmente con esta farsa que es la crisis.

En el pasado mes de octubre, las unidades de convivencia acogidas a la RGI ascendían a 64.593. De ellas, 27.941 tenían como titular a un hombre y 36.652 a una mujer. Además los complementos por familias monoparentales y, sobre todo monomarentales (el 90% de quienes lo perciben son mujeres), que asciende a 45,04 € mensuales, alcanzaba a 9.516 y el número de perceptores de la PCV era de 28.891. Entre las familias perceptoras 17.581 (27,2%) eran extranjeras y 16.334 (25,3%) estaban integradas por personas pensionistas.

Para tener una referencia sobre la potencia que ha llegado a tener este artefacto de la política de pobres del Gobierno Vasco, es útil compararlo con datos del desempleo existentes en la CAV. El pasado mes de junio, según la EPA del segundo trimestre, había en nuestra comunidad, 164.400 personas desempleadas. De ellas, percibían algún tipo de prestación por desempleo 63.701 (35.813 como prestaciones contributivas, 23.972 como subsidios y 3.741 en concepto de Renta Activa de Inserción). La prestación media ascendía a 843,10 € (esto supone una caída del 20,36% sobre la media de 2007 que era de 1.061,30 €).

Se puede decir que estas políticas de protección social que implementa el Gobierno Vasco no han conseguido el objetivo con el que fue creado, acabar con la pobreza; que este modelo se enfrenta a importantes problemas de gestión; que no tenía previsto el incremento presupuestario por la acentuación de la pobreza debido al austericidio; que todo ello provoca disfuncionalidades y recortes; pero si no fuera por este programa la pobreza en Euskadi sería muchísimo más grave que lo es en la actualidad y nosotros no seríamos como somos: sentido y sensibilidad para con los más desfavorecidos.

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