La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lanzaba la primera piedra. En su perfil de Facebook anunciaba su voluntad de que el Ayuntamiento «se pusiera a trabajar para impulsar una red de ciudades refugio», movida por las noticias que llegaban sobre la crisis de refugiados en Europa y el Mediterráneo.
«Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida, ciudades de las que sentirnos orgullosos», afirmaba en la red social. Apenas cuatro días después, la iniciativa parece en marcha, con el respaldo de algunas de las ciudades en las que se produjo un cambio político en las pasadas elecciones locales, como Valencia o Madrid.
El proyecto impulsado por Colau desafía directamente al Gobierno central, que hasta hoy había rechazado el cupo de refugiados que le solicitaba la Unión Europea –algo más de 5.800–, afirmando que sólo acogería a 2.739.
Paralelamente, en Barcelona, Colau y el primer teniente de Alcalde se reunían con una docena de ONG y colectivos especializados en mejorar la acogida de personas que solicitan asilo, dando el pistoletazo de salida a una «red con otras ciudades del área metropolitana, catalanas y del Estado español que manifiesten la misma voluntad»
Las medidas que plantea el Consistorio de la Ciudad Condal implican atacar el problema desde un punto de vista multidisciplinar, atendiendo a «campos como la vivienda, el asesoramiento, el trabajo social, la atención psicológica o servicios de traducción e intérpretes».
Una primera medida ha sido fortalecer el Servicio de Atención al Inmigrante, Emigrante y Refugiado, duplicando su partida presupuestaria destinada al alojamiento temporal de 100.000 a 200.000 euros. Y se ha comprometido a «recoger los ofrecimientos de personas dispuestas a acoger refugiados o ayudar en el momento de su llegada y estancia en la ciudad, para articularlos con la ayuda de las entidades y ONG especializadas».
Madrid y Valencia recogen el guante
Ciudades catalanas como Sant Feliu de Llobregat o Sabadell, así como grandes urbes del resto del Estado, como Madrid o Valencia, ya han anunciado que se suman a la iniciativa
«Madrid tiene un carácter abierto y solidario, especialmente con aquellas personas que se ven obligadas a huir del horror de las guerras. Por ello el Ayuntamiento se suma a la red de ciudades de acogida propuesta por Barcelona y propondrá en los próximos días recursos y medidas para afrontar solidariamente el drama de los refugiados», indicaba el Ayuntamiento mediante un comunicado.
Además, el Consistorio regido por Ahora Madrid se sumaba a las críticas al Gobierno central, afirmando que «resulta preocupante que el Gobierno de España sólo haya aceptado acoger a una parte de los refugiados que solicita la Unión Europea para gestionar la crisis humanitaria y alarmante que no destine los fondos precisos para afrontar una crisis humanitaria de estas dimensiones».
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ya declaró que la ciudad que dirige también se sumaría a la red de acogida.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba también ofrecerá la ciudad para que forme parte de la red de ciudades de acogida a refugiados
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca se ha ofrecido como ciudad de acogida
Ayuntamiento de Málaga propondrá una iniciativa municipal para ayudar a las familias de refugiados sirios que lleguen a la ciudad
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha propuesto este miércoles al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que Sevilla se sume a la red de ciudades de acogida.
En Euskadi
Bilbao, Vitoria y San Sebastián debatirán este mes si se convierten en ciudades refugio. Este plan, presentado inicialmente en Barcelona por la alcaldesa Ada Colau y seguido en Madrid por su homóloga Manuela Carmena se ha extendido como un reguero de pólvora por toda España y ha llegado también al País Vasco de la mano de formaciones de izquierda.
Por el momento, tan sólo el Ayuntamiento de Eibar se ha erigido en ciudad refugio a propuesta del alcalde, el socialista Manuel de Toyos, que ha contado con el apoyo de todos los partidos con presencia municipal (Bildu, PNV e Irabazi).
Está de moda en los despachos institucionales encargar informes de impacto económico. Sólo en los últimos meses se han difundido los del mundial de basket, la Green Capital, la Semana Grande donostiarra, el BEC, el BBK Live, la Behobia-San Sebastián, el jazzaldia y hace una semana, el del euskera.
Igual es que los informes están de saldo, pero más me temo que los hemos elevado a la categoría de label que justifica toda inversión o subvención pública, por descabellada que sea. El informe de impacto económico todo lo aguanta, pocas veces se pueden comprobar las cifras, son un totum revolutum, computan conceptos incomputables y, por supuesto, siempre son positivos. El día en que uno de esos informes de parte concluya que su objeto es una ruina, me los creeré.
El último informe de impacto ecónomico es de Ikuspegi y concluye que los inmigrantes aportan al erario público más de que se gasta en ellos. Es lamentable que tengamos que medir los derechos de nuestros iguales en parámetros de rentabilidad económica. Pero parece ser que para el racista más que el color de la piel lo que importa es el color del dinero.