por Javier Olaverri

Todo está diseñado con malicia y buscando la impunidad de los corruptos

Ya es hora que alguien despierte a los guardianes del rebaño con un sartenazo en la mesa electoral.

Hay mucha corrupción porque los guardianes del rebaño no cumplen su función. Si la policía, los fiscales, los jueces, los 18 tribunales de cuentas, los interventores, los secretarios etc cumplieran medianamente con su trabajo, no habría podido crearse esta atmósfera insoportable de podredumbre. También hay que reconocer que gracias a que una parte de esos funcionarios cumplen su labor, podemos ver que algunos delincuentes ya no son impunes.

El sistema favorece que los funcionarios destinados a velar por el buen uso del patrimonio público sean poco activos y practiquen los principios de “no ver, no oír, no hablar y actuar lo mínimo”. El mismo sistema ha tenido una complicidad manifiesta con los paraísos fiscales, que solo recientemente ha comenzado a cambiar, y ha fomentado la existencia de una maraña de fundaciones y empresas públicas-privadas que sirven de excusa para eludir los controles administrativos. Esas circunstancias forman un caldo ideal para los delitos económicos

No es casualidad que el Tribunal de Cuentas no dé datos sobre la cuantía de las condenas que dicta. Pero es evidente que la inmensa mayoría de las irregularidades relacionadas con la contratación no son denunciadas ni por el secretario ni por el interventor. De ellas solo unas pocas, y no precisamente las más graves, son detectadas con posterioridad por el tribunal de cuentas vasco y de esas solo una ínfima parte son juzgadas por el tribunal de cuentas español. Me atrevería a decir que sobran los dedos de una mano para encontrar funcionarios o políticos vascos condenados por ese tribunal.

Es cierto que gracias a las acciones públicas que ejercitan algunas organizaciones de ciudadanos se ha conseguido enjuiciar algunos de los escándalos más conocidos, pero la reacción del poder político ha sido brutal, tratando de eliminar o limitar esa figura de la acción pública que tanto miedo les da.

Así, los jueces se inventaron la doctrina Botín que imposibilita a la acción pública el solicitar condenas penales si el fiscal o el abogado del estado (es decir el poder) no lo solicitan. No es casualidad el nombre, pues es de suponer que alguien consiguió un buen botín por tan interesado giro jurisprudencial, que rompía con décadas de tradición penal donde la acción pública si podía hacer lo que ahora se le pretende negar. Veremos si en caso de la infanta Cristina revalida o no tan espúrea doctrina, que solo sirve para que los poderosos se escapen de la cárcel mediante la pasividad de fiscales y abogados del estado..

El PSOE también atacó a la acción pública, al reformar la ley para que haya costas en la primera instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así pretendía acabar con el pernicioso vicio de algunos ciudadanos de recurrir ante los jueces tantos y tantos proyectos que eran claramente ilegales, pero que estaban aprobados con el silencio de los funcionarios encargados en teoría de detectar esas ilegalidades. El PP puso su granito de arena imponiendo tasas judiciales escandalosamente caras para que sea aún más difícil recurrir contra la administración.

Todo está diseñado con malicia y buscando la impunidad de los corruptos. Nuestras élites aprueban leyes retrógradas, castigan a los funcionarios que osan mirar activamente por el buen común (los jueces Garzon y Silva que abrieron los casos Gúrtel y Blesa son un ejemplo de ello), fomentan la pasividad en los funcionarios, crean una maraña institucional frondosa e inoperante, todo con la finalidad expresa de poder seguir utilizando a la administración como una fuente de recursos baratos y ventajistas. En forma de contratos amañados, pelotazos urbanísticos y otras bagatelas similares. Ya es hora que alguien despierte a los guardianes del rebaño con un sartenazo en la mesa electoral.