¿Es que no hay corrupción vasca?

Si no nos desayunamos con un escándalo cada semana es por una mezcla de factores. La violencia, las características del urbanismo y que nuestros corruptos son más listos

¿Somos más honestos que el resto del Estado? ¿O simplemente nuestros políticos meten menos la pata? Creo que si no nos desayunamos con un escándalo de corrupción local cada semana es por una mezcla de factores que trato de explicar en base a mi experiencia.

1El primer gran foco de corrupción es el urbanismo. Si aquí la corrupción urbanística ha sido menor es porque ha habido una gran pluralidad política, lo que hace que no haya normalmente dominio perdurable de un solo partido en los ayuntamientos y eso dificulta los pactos corruptos con los promotores a la hora de obtener recalificaciones. Además, ya a finales del siglo pasado se aprobó la ley Maturana —en recuerdo al entonces consejero socialista del área— que obligaba a destinar buena parte del aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección oficial, con lo cual el beneficio obtenible por el promotor era sustancialmente menor que en el resto del estado y por lo tanto no favorecía las comisiones a políticos. Por supuesto que corrupción urbanística la hemos tenido, y alguna muy cerca de mis barbas, pero evidentemente no ha sido la locura del mediterráneo.

2El otro gran foco es el de los contratos públicos. Aunque no se pueda demostrar, lo cierto es que hay muchos contratos públicos amañados y que generan buenos beneficios a los funcionarios que los otorgan. Pero es cierto que aquí se hacen las cosas con un poco más de estilo que por ahí. Como reconocía Xabier Arzalluz en el año 2006, el PNV siempre ha desconfiado de las comisiones pagadas a intermediarios, porque eso favorece que se vuelvan avariciosos y metan la pata. Por ello, decía, prefieren el método de la “insinuación” al contratista: se le dice que el partido tiene ésta o aquella necesidad y se espera la correspondiente “donación voluntaria” por su parte. No en vano el PNV tiene aquí un patrimonio inmobiliario similar al del PP en todo el Estado, algo que levanta suspicacias no solo en el Tribunal de Cuentas.

3Existe un tercer foco de corrupción que es la Hacienda foral y su capacidad casi omnímoda de “pactar” con los contribuyentes importantes sin dejar la menor huella y protegidos por el secreto fiscal. Nuestros jauntxos no han pagado impuestos en toda la historia foral y en democracia han demostrado una gran capacidad de negociar con la Hacienda foral tratos especiales. Este es un campo donde, en mi opinión, tenemos tanto o más corrupción que en la Hacienda estatal y de hecho algunos casos han llegado a los tribunales, pese a ser de las áreas más difíciles de descubrir.

4Y el último factor diferenciador que se me ocurre es el de la violencia. Durante muchos años el miedo a la publicidad ha motivado que jueces y fiscales hayan adoptado un perfil particularmente huidizo en todo lo que significara delitos que involucren a políticos y también ha propiciado que la prensa huya de esos asuntos. Esa atmósfera de impunidad, que también se ha dado en resto del Estado aun sin la violencia de ETA, ha generado una ausencia casi total de actuaciones judiciales o de la prensa contra la corrupción.

Pero también hay que reconocer que nuestros corruptos son más listos. En parte porque en nuestra sociedad no está bien vista la ostentación y en parte por una cierta educación jansenista, lo cierto es que aquí nuestro corruptos procuran hacer lo contrario de lo que ha dicho el valenciano Juan Cotino: meten la mano en la caja pero no meten la pata. Y procurando no meter la pata y contando con la pasividad de funcionarios, fiscales, jueces, prensa y cierta parte de la opinión pública, nos permiten vivir en este aparente remanso de paz. Amén.

Javier Olaverri 7 DIC 2014

16 pensamientos en “¿Es que no hay corrupción vasca?

  1. IMPUTADOS

    La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte (Bildu), ha opinado hoy que en las presuntas irregularidades detectadas por el Ejecutivo foral en la sociedad pública Bidegi existen responsabilidades políticas, correspondientes a la anterior legislatura en la que gobernó el PNV. Por este motivo, Ugarte, quien ha comparecido ante la Comisión de Movilidad e Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, se ha mostrado partidaria de crear una comisión en esta misma institución para investigar políticamente el asunto, de forma paralela a la instrucción iniciada ya por un juzgado de Azpeitia.

    Según ha recordado la diputada en su comparecencia, las supuestas irregularidades se descubrieron a principios de 2014, cuando se planteó qué hacer con las tierras sobrantes de las obras del puerto de Descarga y los técnicos propusieron llevarlas a un depósito de sobrantes situado en Aretxabaleta denominado Basagoiti-2.

    Se da la circunstancia de que este depósito debería haber estado colmatado al 99,98%, pero cuando se hicieron las mediciones correspondientes se descubrió que donde debía haber 2,3 millones de metros cúbicos no había más que 1,3, con lo que aún quedaba por llenar un volumen similar a la capacidad que tiene la estructura del estadio de Anoeta.

    Este hecho llevó a la Diputación a investigar los movimientos de tierra relacionados con Basagoiti-2 y descubrió que en el año 2009 se habrían aprobado unos sobrecostes porque no se podían llevar allí más tierras, a pesar de que tenía todas las licencias y seguía abierto como depósito de sobrantes. Además, la institución foral descubrió la existencia de algunas excavaciones con desprendimientos en las que se habían movido 600.000 metros cúbicos de tierra menos de los que se abonaron, un volumen similar al de dos veces la torre Iberdrola de Bilbao.

    Por este motivo, la Diputación puso el asunto en manos de un bufete de abogados privado, al entender que de una liquidación de 20 millones de euros de la AP-1, 3,4 podrían haber sido abonados por trabajos no ejecutados. La liquidación de estas obras se realizó en junio de 2011, cuando seguían en sus puestos los gestores del PNV, una semana antes de que tomaran posesión de sus cargos los diputados del gobierno de Bildu

    El pasado mes de diciembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia admitió a trámite la querella de la Diputación y citó a declarar en calidad de imputados para el próximo día 29 de enero al exdirector técnico de Bidegi y al exdirector de obra, y al día siguiente al exgerente de la UTE Laurena, encargada del tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la AP-1.

    Durante su comparecencia ante las JJGG, Larraitz Ugarte ha desvelado que el informe pericial que encargó la Diputación a una empresa externa cuando comenzó a investigar este asunto dice que las mediciones de las tierras fueron construidas de “forma artificiosa” y que “los certificados iban bien a lo largo de toda la obra” pero “en el último momento se construyó lo que se construyó para pagar más dinero” siendo “todas las partes conscientes de ello”.

    “Se trata de cargos muy graves y está claro que el tribunal lo ha aceptado a trámite, la próxima semana empiezan a declarar como imputados, la instrucción va rápido y eso significa que el juez ha visto suficientes indicios para investigar estos presuntos delitos”, ha sentenciado la diputada. En su opinión, a todos los responsables políticos les “corresponde cumplir con la legalidad” por lo que deberían hacer “un ejercicio de honestidad”.

    “Todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de comunicar a la sociedad lo que está ocurriendo y si hay responsabilidades se tienen que depurar y llevarlas hasta el final”, ha remarcado. “No sirve decir que por debajo del Ebro sí y por encima del Ebro no, hay que depurar responsabilidades por debajo, a izquierda a derecha y hacia arriba porque sólo así lograremos que la ciudadanía recupere la confianza en la política y que se consolide y refuerce el sector público. Eso ayudará a lograr una sociedad más cohesionada”, ha insistido Ugarte.

    La portavoz foral ha desvinculado asimismo este asunto de la cercanía de las próximas elecciones municipales y forales, ya que la Diputación llegó a estas conclusiones el pasado mes de mayo, tras lo que tuvo que hacer estudios y no pudo presentar la querella hasta tenerla totalmente “documentada”. “La Diputación no quiere trabajar con el calendario electoral, fuera de la competencia entre partidos políticos hay que conocer qué ha pasado con el dinero público y ahí tenemos responsabilidad todos”, ha concluido.

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  2. Otra leyenda urbana

    El gasto en I+D en Euskadi en 2013 fue de 1.328,3 millones de euros, un 7,2% menos que el 2012, según la Estadística sobre Actividades en I+D que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Este informe también indica que en el País Vasco el personal investigador en 2013 sumaba 18.072 personas, un 2,8% que en 2012.
    Iosu Estomba

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  3. Las tonterías de Bildu

    El Consorcio debe pagar 68 millones de euros sacados de las arcas públicas
    La entidad de gestión de residuos conocía las consecuencias económicas
    El consejo de administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, en sus siglas en euskera) conocía las consecuencias económicas y legales que tenía paralizar el proyecto de la incineradora de Zubieta. En noviembre de 2011, cuando el órgano que gestiona el tratamiento de las basuras en dicha provincia ya estaba controlado por Bildu, los miembros de su consejo fueron alertados tanto por la economista como por el letrado que les asesoran técnicamente de la obligación de pagar los créditos swap—contratos de cobertura o de permuta financiera— que el Consorcio había suscrito con La Caixa y Banesto, pese a que la planta no se construyese, según el acta de la reunión del consejo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

    El Consorcio paga en la actualidad 670.000 euros mensuales por esos créditos, aunque la planta de basuras, proyectada por el anterior Gobierno foral del PNV, no se va a levantar, según el actual Ejecutivo de Bildu decidió en el verano de 2013 en contra del criterio de la oposición y de la propia norma de la Diputación que establece su puesta en marcha.

    “En lo relativo a las coberturas, no hay margen de maniobra [con los bancos]”, precisó ese día la gerente del Consorcio. La advertencia podría considerarse premonitoria tras la sentencia hecha pública esta semana por el Juzgado de Primera Instancia número de 4 de San Sebastián que desestima la demanda interpuesta por GHK contra ambos bancos, en la que, reclamaba la anulación de esos créditos de riesgo, contratados por 19 años. El Consorcio calcula que esta operación financiera fallida pueda terminar costándole a las arcas públicas 68 millones de euros. Contra el fallo del juez cabe recurso ante la Audiencia de Gipuzkoa, pero GHK aún no ha decidido si lo presentará.

    Durante la reunión del consejo, la gerente del Consorcio especificó que si finalmente se acordaba “renunciar a la financiación, [de los swap] o ésta se resolviese, habría que devolver, los 9,7 millones de euros dispuestos, los costes de ruptura a justificar por los bancos, y la liquidación del contrato de cobertura: 32 millones de euros”.

    La gerente alertó que no había “margen de maniobra” con los ‘swaps’

    Esta última cantidad no era fija, como a continuación aclaró el letrado del organismo, sino “un valor correspondiente a septiembre”. El dinero que GHK debe pagar por los swaps fluctúa en función de los tipos de interés, de igual forma que un crédito hipotecario. “La liquidación del diferencial del tipo de interés se produce cada mes por el nivel de coberturas suscritas, independientemente de que no se haya cumplido con la cantidad o con el ritmo de gasto y deuda”, añadió el abogado. La financiación de los préstamos suscritos estaba ligada a un calendario de inversiones en la construcción de la incineradora que nunca se cumplió. El letrado insistió en que “no respetar los ritmos de deuda contratados tiene consecuencias económicas”, tal y como recoge el acta.

    “Para que la cobertura sea efectiva y no especulativa es necesario que responda a un plan de inversiones a ejecutar, y que la deuda real, derivada del ritmo inversor, acompase las coberturas existentes”, detalló la gerente en su intervención sobre los gastos financieros de GHK. El carácter especulativo de los swaps fue uno de los argumentos esgrimidos tanto por el Consorcio como por la propia Diputación de Gipuzkoa para justificar la interposición de la demanda. El juez desestima ese argumento y considera válida la explicación que ofrecieron en la vista oral los peritos de ambas entidades bancarias: si los swaps se habían convertido en un producto especulativo era únicamente porque no se había construido la incineradora.

    La gerente recordó que el Banco Europeo de Inversiones, que concedió el grueso del crédito de 500 millones para levantar la incineradora y otras infraestructuras, exigía contratar un producto financiero de ese tipo.

    Por último, el letrado recalcó que un cambio en las inversiones del Consorcio supondría “tener que analizar con los bancos cómo afectará dicho cambio a la financiación contratada”. “Disponer de una financiación de inversiones es tener un seguro. Por ello, el objetivo sería reajustar esa financiación al nuevo proyecto y evitar su resolución. Advierte de que la renegociación puede ser muy dura”, especifica el acta.

    Las advertencias de los dos técnicos, ambos posteriormente despedidos por Bildu, fueron escuchadas por los miembros del consejo, entre ellos, el entonces presidente del órgano y diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, quien intervino en varias ocasiones. La primera vez, solicitó que “no se juegue con los 32 millones de euros, porque no se va a dar esa circunstancia”, en referencia al aviso sobre la obligatoriedad de pagar los swaps. Respecto a la posibilidad de tener que renegociar con los dos bancos, sostuvo que “la Diputación tiene muchas puertas y se buscarán las fórmulas para que el impacto económico no se produzca”, siempre según el acta de la cita.

    “Se han mantenido contactos”, añadió Alduntzin, además de especificar que los objetivos del Consorcio eran entonces “evitar el impacto de las coberturas, renegociar la operación de financiación y el contrato del centro de gestión de residuos”, en referencia a la incineradora. “El contrato actual ata la libertad de decisión de este consejo”, concluyó.

    Las advertencias de ambos técnicos del Consorcio suponen “un elemento más” en los razonamientos que maneja el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para sopesar si reabre una investigación en torno a la paralización de la incineradoray la posibilidad de que suponga delitos de prevaricación y malversación.

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  4. Mikel

    Ya estamos en100 millones de euros de gastos injustificables
    En el resto de España la prensa hace funciones del fiscal
    En Euskadi no pasa eso

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  5. El cuñado de Cabieces

    Anoche, Kutxabank anunció que ha denunciado ante la fiscalía a su ex-presidente, Mario Fernández, militante del PNV, por presuntas irregularidades en un contrato con un bufete de abogados en el que trabaja Mikel Cabieces, al que se pagó 243.000 euros
    Mikel Cabieces es el exdelegado del Gobierno español en la CAV y dirigente del PSE Cabieces.
    La fiscalía deberá analizar la información referida a la supuesta contratación del anterior delegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, por un bufete de abogados con fondos de Kutxabank durante la etapa de Mario Fernández al frente del banco. Tras abandonar el cargo de delegado en 2011, Cabieces constituyó su propia firma de abogados y pasó más tarde a estar en nómina de otro bufete laboralista -que algunas fuentes vinculan también a la órbita del PSE- a través de la ampliación de la cuenta que tenía con Kutxabank sin que, al parecer, se produjera un aumento real de la carga de trabajo.
    Esta situación, calificada como “irregular” por el propio banco, se alargó durante casi tres años -reportando al despacho 243.000 euros- hasta que se extinguió la relación el pasado mes de octubre, poco antes de que Mario Fernández abandonara la entidad financiera.
    El nuevo presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, encargó una auditoría tras tomar el control del banco en noviembre. El análisis de las cuentas reveló, según fuentes conocedoras del caso, la existencia de un contrato suscrito por el propio Fernández que establecía una relación directa con Mikel Cabieces. Al tener conocimiento de la operación el nuevo presidente trasladó los datos al Banco de España, que derivó la cuestión a Frankfurt, al Banco Central Europeo, el máximo supervisor financiero de la eurozona.
    “Quebranto compensado” El diagnóstico del BCE fue claro: se trata de un movimiento “irregular” y aconsejó a los responsables de Kutxabank que informaran a la Fiscalía de los hechos. El fiscal, que recibió la documentación el pasado jueves, tendrá que decidir ahora si hay responsabilidades.
    El primo de Mario

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  6. Más información sensible

    Kutxabank ha destapado un acuerdo tácito entre PNV y PSE-EE durante la etapa de Mario Fernández como presidente de BBK en 2012 y denunciado ante la Fiscalía del País Vasco bajo la recomendación de los órganos supervisores bancarios de España y Europa. Así se ha desvelado que el socialista Mikel Cabieces venía recibiendo una asignación anual de 80.000 euros con cargo al incremento de la iguala que BBK mantiene con una asesoría de Bilbao después de que se quedara en paro al abandonar en enero de 2012 el cargo de delegado del Gobierno. Incluso, Cabieces siguió cobrando este dinero durante su estancia en el consejo de BBK, cargo que abandonó para incorporarse a la ejecutiva de Idoia Mendia tras ser elegida secretaria general del PSE-EE.

    El inevitable reconocimiento de esta “actuación irregular”, según calificación expresa del banco vasco, supone un golpe duro para todas las partes implicadas: Kutxabank, Mario Fernández, PNV, PSE-EE y Cabieces, que ayer no ocultaron su contrariedad. Más allá de las incómodas situaciones personales, es evidente que se reabre la polémica sobre el control político de las cajas de ahorro a cuatro meses de las elecciones locales y, en paralelo, se teme que Kutxabank pueda verse inmersa en la extensa ola de corrupción y de gestión bancaria irregular.

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  7. Lo que queda del Psoe en Kutxabank

    Nacionalistas y socialistas siempre se han entendido en el ámbito de la BBK. En el consejo de administración elegido en noviembre de 2012, Francisco Berjón y Mikel Cabieces fueron la representación socialista y meses después, tras la conversión de la entidad en fundación, la cuota se amplió con la incorporación de Óscar Seco. Cabieces lastra el proceso de renovación interna de Idoia Mendia y supuesta la apuesta del PSOE contra la corrupción.

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  8. Informazio gehiago

    Fernández Kutxabankeko presidente zenean, bankuak 243.000 euro eman zizkion zerbitzu juridikoak eskaintzen zituen abokatu bulego bati. Barne auditoria baten ondoren jarduera “irregular” hori atzeman du Kutxabankeko zuzendaritza berriak eta Bizkaiko fiskal Carmén Adanen eskuetan jarri du kasua.

    Mikel Cabiecesek lotura zuen abokatu bulegoarekin. Hala, 2012an Espainiako Gobernuko delegazioa utzitakoan langabezian geratu zenean, hilero 6.000 euroko soldata hasi zen kobratzen zeharka Kutxabankek emandako dirutik. Hala segitu du 2014ko urrira arte, hain justu Fernándezek Kutxabankeko presidente kargua utzi baino egun batzuk lehenagora arte.

    Cabieces BBK-ko administrazio kontseiluko kide izan zen, erakunde horren bidez ustezko soldata ezkutua kobratzen zuen bitartean. 2014an banku-fundazio berriko patronatu-kide izateko ere izendatu zuten, baina azaroaren 26an karguari uko egin zion; hurrengo egunean Fernándezek Kutxabanketik ospa egin zuen.

    Kutxabankeko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du ohar labur batean. Baina aldi berean 243.000 euroak ordaindu ditu bere poltsikotik.

    Oraindik galdera ugari daude airean. Zeren truke agindu zuen Fernándezek Cabiecesi diru hori guztia ematea? Zer ikusi du aurrezki kutxen banku bihurtze eta pribatizazio prozesuak? Kutxabankeko barne ikuskaritza agindu zutenean, EAJk eta PSEk ba al zuten jadanik ordainketa horien berri?

    Eskandalua jakin eta egun berean Cabieces PSE-EEko idazkari nagusi Idoia Mendiarekin elkartu da. Alderdian dituen kargu guztiak utzi ditu portugaletetarrak eta militantziari uko egin dio. Mario Fernándezek ordea EAJko militante izaten segitzen du.

    Mario Fernández eta Repsol

    Kutxabankeko ustezko ustelkeria kasu honetan datek ez dirudite kointzidentzia hutsa. Auzia azaleratu bezperan, Mario Fernández Repsoleko ikuskaritza batzordeko kide izendatu dute.

    Fernández 2011n sartu zen petrolio konpainiako kontseilari independente, BBK-ko presidente zela –horrek bateragarritasun arazoak ekarri zizkion–. Hala, aurrezki kutxatik jasotzen zuen soldataz gain, beste 221.000 euro jaso zituen 2012an eta 2013an Repsoletik.

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  9. en el pais

    La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, estableció ayer un paralelismo entre los pagos supuestamente irregulares al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces por parte de Kutxabank con el presunto fraude cometido en la gestión de la sociedad foral de carreteras Bidegi. Aseguró que ambos casos esconden “pactos no escritos” entre partidos para buscar acomodo en empresas privadas a determinados cargos cuando estos dejan su actividad política.

    Para sostener esta afirmación, Ugarte reveló que un representante del PNV y otro del PSE-EE son consejeros de la ingeniería que “falseó” unas mediciones en las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria), según la Diputación, con la finalidad de motivar un sobrecoste y cobrar de Bidegi por unos trabajos no realizados

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  10. DV

    Las investigaciones llevadas a cabo por la Hacienda de Gipuzkoa entre los años 2010 y 2012 a raíz de la llegada a la Diputación de la relación de contribuyentes guipuzcoanos incluidos en la lista Falciani de titulares de cuentas en el banco suizo HSBC permitió al fisco recuperar de estos más de seis millones de euros. Como ya anunció DV en junio de 2010, al poco tiempo de saltar el escándalo, la lista Falciani incluía a 89 guipuzcoanos, a los que la Hacienda entonces dirigida por Pello González (Hamaikabat) abrió de inmediato un procedimiento de inspección.

    Las cifras

    585.146 euros es la cantidad más elevada pagada por un contribuyente guipuzcoano durante los procesos de inspección que se llevaron a cabo entre 2010 y 2012.

    160 vascos. Además de los 89 guipuzcoanos, en la lista Falciani aparecían 60 vizcaínos y once alaveses. En total, 160 vascos.

    La primera referencia documental sobre el resultado de esas investigaciones data de abril de 2012, ya en la actual legislatura, cuando en respuesta a una pregunta formulada por el PSE en las Juntas Generales (el Parlamento provincial), la actual diputada de Hacienda, Helena Franco (Bildu), aportaba la relación de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo sobre cuentas bancarias detectadas en otros países a contribuyentes guipuzcoanos. El listado, en el que no aparecen los nombres de los investigados sino los números de expediente, incluye, además de los presentes en la famosa lista, otros contribuyentes con patrimonio en terceros países además de Suiza, como Andorra, Francia o Reino Unido. No obstante, el grueso de ese listado de cuentas sospechosas se corresponde con los contribuyentes detectados gracias al informático franco-italiano.

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  11. No hay dinero para pensiones, ni para renovar las farolas del paseo de Aiete

    Pero el Gobierno Vasco ha actualizado el catálogo de cargos públicos de la Administración vasca, incluidos los entes públicos, como EITB. 400 altos cargos en nómina, más 30 vacantes.
    La cifra es récord, pero comprobarlo es complicado. La transparencia en las administraciones públicas brilla por su ausencia. Desde luego, es la cifra más alta desde 2009, desde que se publican en el portal de transparencia.
    Una Administración artificialmente inflada por el gobierno de coalición: hay un 9 por ciento más de altos cargos que en la legislatura de Urkullu en solitario
    ¡¡¡ y la proliferación de asesores, en aumento exponencial!!!.
    Y nadie dice nada
    400 altos cargos casi duplican los poco más de 200 que tenía la administración vasca a finales del siglo pasado ¡Hace 20 años!.
    Mientras esta gente anuncia una reducción de la Administración, el hecho es que esta adelgaza o aumenta en función de intereses y compromisos políticos.
    ¡¡¡Camuflados como cargos públicos se nos están colando estructuras de partidos pagadas con sueldos públicos!!!
    Prueben y miren. Es público. Están con nombres y apellidos, descubrirán a muchos políticos a los que habían perdido la pista.
    Luisa

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