El evento reunió el lunes en la casa de cultura de Okendo, en Donostia, a los sociólogos Xabier Aierdi, María Silvestre y Gorka Moreno, que hablaron de cuestiones espinosas como el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales y el «importante papel de la familia como provisor de bienestar»

Todos coincidieron en una afirmación que lanzó Aierdi: «Esto no es una crisis, sino una lucha de clases absolutamente salvaje» que están ganando el neoliberalismo y sus capataces políticos. En opinión de Aierdi, «la apuesta por la viabilidad de los servicios sociales universales y de derecho subjetivo es política, ideológica, no económica como tratan de legitimar con una desvergüenza absoluta. Tenemos que querer que sea viable«, apuntilló.

Coinciden en que deberían reducirse las diferencias entre las prestaciones de unos y otros territorios de la CAV y aseguran que contribuirían a ello la modificación de la actual Ley de Territorios Históricos y una buena Ley Municipal.

Defienden la universalidad de las prestaciones sociales y el derecho subjetivo, aunque admiten que ciertos «elementos de racionalización» como el exigir determinado tiempo de empadronamiento y el copago sirven para «evitar el efecto llamada» de inmigrantes y «no deslegitimar el sistema» ante la población autóctona, especialmente la «clase media que paga impuestos», incidió Silvestre. Aquí surgieron las diferencias.

Dictadura económica

Aierdi, asesor del departamento de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, tiene claro que la exigencia del empadronamiento «crea diferencias»: «No nos hemos recuperado de un shock. Veníamos de una dictadura y pensábamos que todos los derechos adquiridos eran acumulativos, sin retroceso», dijo. Aierdi, quien destacó las contradicciones que surgen en este debate, aseguró que «soy partidario de la universalidad. Siempre. Y ante la duda, siempre para arriba», apuntó, en respuesta a quienes «quieren desuniversalizar los derechos sociales».

Inmigrantes y autóctonos

María Silvestre, decana en Sociología de la Universidad de Deusto, explicó que aún hoy, y pese al «avance» que supuso introducir en la ley de 2008 el derecho subjetivo, este «no está garantizado», como tampoco lo está la universalidad. «A los servicios sociales les está costando asentarse como pilar del Estado de Bienestar, como ya lo son la educación, la sanidad y las pensiones, elementos que nadie discute». Para lograrlo, dijo, habría que «articular un verdadero mapa de servicios sociales que no termina de llegar desde 2008».

Para Silvestre es vital precisar «quién tiene derecho a percibir» las prestaciones y «en qué condiciones», lo que «necesariamente no significa perder la universalidad» del servicio: «Debe haber requisitos que lo controlen pero sin desnaturalizarlo». Esto «solo se puede hacer con transparencia», dijo. Al mismo tiempo, pidió que se defina «qué servicios son esenciales y cuáles complementarios» y su «carácter gratuito» o no.

Silvestre dijo también que «el debate es cómo introducimos un elemento de racionalización como el copago» y apuntó que la renta podría ser utilizada como «elemento de discriminación». Sin embargo, advirtió, «el riesgo es que las clases medias que están soportando el sistema se pueden sentir agredidas y generar desafección hacia el sistema».

Un debate sin fin

«El concepto de derecho subjetivo debe ser sagrado. O nos creemos que debemos llevarlo a cabo o no lo introducimos en las leyes porque terminamos prostituyendo el derecho subjetivo», que en su opinión «debe ser progresivo» y «no va a llegar de la noche a la mañana».

Moreno se mostró reacio a los citados mecanismos de control de los servicios sociales aunque valoró su función para la legitimación del sistema ante la población autóctona. Aseguró que «el copago, de entrada, no me gusta. Tiene ese elemento de deslegitimar el sistema ante ciertos grupos» y por ello cree que la «fiscalidad es un elemento clave, algo a lo que hay que hincar el diente».

Sobre el empadronamiento, dijo: «no sé si tiene que ser de un año o seis meses (como en Gipuzkoa), pero lo que sí tengo claro es que tres años (Bizkaia y Araba) son demasiado y pueden poner en riesgo procesos de inserción. Algunos partidos no se creyeron la universalidad cuando votaron a favor en 2008 y siguen sin creérsela ahora», apuntó Moreno.