Las siglas no tienen la culpa de nada, pero sí las personas que hacen lo que no deben al amparo de aquellas
Los sindicatos, como cualquier institución que recibe fondos públicos, deben regirse por unos criterios de transparencia que prácticamente no han existido hasta la fecha. Un manto de relativo silencio ha protegido su funcionamiento económico, pero esa situación resulta cada vez más insostenible no solo frente a políticos o empresarios, sino, también, de cara a los sectores sociales afectados por la crisis. Cándido Méndez y el equipo que le rodea tienen que poner todo su peso orgánico al servicio de una rápida y completa clarificación, en vez de envolverse en “la historia de la organización y de las generaciones de sindicalistas que han dedicado su vida a la defensa de la clase trabajadora”, como hizo ayer el Comité Confederal de UGT, o de esgrimir la paupérrima excusa de que se le ha abierto una “causa general”.
Las informaciones apuntan principalmente a la federación andaluza de UGT, sospechosa de haber endosado facturas falsas o infladas a la Junta de Andalucía, sean para financiar a la organización, pagar actividades del día a día o costear simples caprichos u obsequios a los participantes en un congreso. La Administración andaluza ha abierto 17 expedientes para revisar ayudas al sindicato por 7,5 millones de euros. Tras examinar dos de esos expedientes, la Junta estudia reclamar 1,8 millones por dos ayudas utilizadas de forma irregular. De confirmarse, tales conductas constituyen un abuso del dinero público y la central sindical debe reintegrar lo recibido de manera irregular o injustificable.
Por el momento, la dirección andaluza de UGT pretende enfriar el escándalo. No facilita los resultados de su investigación interna y se toma con demasiada calma las aclaraciones y exigencia de responsabilidades, aplazando seis semanas (hasta el 9 de enero) las explicaciones de la dirección regional, encabezada por Francisco Fernández Sevilla como secretario general de la UGT andaluza.Cándido Méndez, que ha dado muestras de preocupación, no debe conformarse con paños calientes. Porque las sospechas más documentadas afectan a la federación andaluza, pero la organización ugetista en su conjunto difícilmente escapará al impacto. La juez Alaya investiga las facturas falsas de la UGT andaluza, mientras la Fiscalía Anticorrupción sopesa una denuncia del seudosindicato Manos Limpias contra UGT por presunta desviación de fondos destinados a la formación para el empleo.
Las siglas no tienen la culpa de nada, pero sí las personas que hacen lo que no deben al amparo de aquellas, y cuyas andanzas sirven de pretexto a los que desean el hundimiento de las estructuras sindicales como resortes de una resistencia social identificable y a cara descubierta. La dependencia de los sindicatos respecto de la financiación pública les hace vulnerables y puede haberles acomodado a corruptelas o prácticas ilegales. El crédito de UGT como organización sindical depende de que afronte este asunto con rigor y arroje luz sobre sus cuentas.
El crédito del sindicato pende del rigor con el que afronte las irregularidades descubiertas
El País 29 NOV 2013
Que se sepa, ningún sindicalista se ha llevado una fortuna a Suiza, ha robado a gran escala o ha disfrutado de la vida de un millonario a cuenta del dinero de todos. La corrupción que ha aflorado en UGT Andalucía más bien parece, por ahora, un abuso de los fondos públicos que presuntamente sirvió para financiar ilegalmente al sindicato con facturas falsas que también pagaron corruptelas de medio pelo: comidas o regalos tan cutres como maletas de imitación o bolígrafos. No hay –por ahora, insisto– ninguna evidencia que demuestre que, con la excusa de la defensa de los trabajadores, hayamos alimentado a un caradura XL que se llevara el dinero a manos llenas. Más les vale a los sindicatos no esconder a alguien así entre sus filas. A diferencia de los partidos, o de la patronal, ellos no sobrevivirían.
Sin embargo, se equivocan los sindicatos si creen que la sociedad puede perdonar fácilmente estos fraudes. En un país donde el paro ronda el 27%, ¿hay un dinero público más sagrado que las ayudas a la formación? Cuando los sindicatos malgastan subvenciones o despilfarran las ayudas destinadas al reciclaje profesional de los desempleados, indirectamente están robando a millones de parados. Es así de grave.
La reacción de UGT ante el escándalo ha sido lenta, pero al menos ha sido. La dimisión de su secretario general andaluz debería haber llegado antes y no caer en excusas baratas. Es frustrante escuchar a los pocos cargos públicos que en este país dimiten repetir aquello de que se van con la conciencia tranquila. Pase lo que pase, parece que nunca hay responsables.
Los sindicatos tienen razón cuando denuncian una persecución contra ellos. Es una operación clara y evidente: hay quien ganaría mucho si los trabajadores perdiesen la poca fuerza que aún mantienen. Esto explica esas vergonzantes portadas de periódicos sobre sindicalistas tomando una cerveza – ¡oh, escándalo!– o que haya quien pretenda convertir en pecado mortal para un delegado sindical irse de vacaciones o comer en un restaurante con mantel.
La campaña antisindical ha funcionado: hoy son mucho menos fuertes que hace unos años. Pero esta derrota no habría sido posible sin que los sindicatos también pusiesen mucho de su parte. ¿Otro ejemplo, además de lo visto estos días en Andalucía? Lo ocurrido en muchos medios de comunicación públicos. Los sindicatos apenas fueron críticos con la manipulación informativa a cambio de conseguir ventajas laborales. Fue un error: como se ha visto en Canal 9, no sirve de nada vender tu profesionalidad para mantener tu empleo. Al final acabas perdiendo las dos cosas: la ética y el trabajo.