La política viaja a la velocidad de la luz. Todavía no hace dos años, en las municipales del 2011, todos los partidos políticos comprometieron para Aiete una serie de medidas, actuaciones e inversiones en equipamientos,  que ahora se antojan de ciencia-ficción. Posiblemente, el nuevo gobierno municipal, en  sólo dos años escasos, ha envejecido deprisa y ha mudado su idea original de partido anti-sistema y de nuevo tipo y de que los electores firmaban una especie de contrato con el candidato y su programa, a otro demasiado clásico y predecible. Pensaban los nuevos ediles, en aquel entonces, pero hace menos de dos años, que cuando un político prometía algo, era palabra de ley. Pues bien ¿dónde quedan las promesas y los compromisos electorales del partido ganador?

La tendencia de todos, desde el presidente del gobierno de España, para abajo, es que las decisiones en materia presupuestaria no las pueden tomar ellos, que son los de más arriba quienes deciden, y cuando esto pasa el debate político se corrompe porque la legitimación democrática debe seguir siendo condición necesaria para hacer política.  Si las decisiones políticas las toman los mercados o el Banco Central Europeo o Rajoy o  Urkullu o Garitano,  cuyas decisiones se imponen de hecho a las instituciones democráticas aguas abajo ¿Qué valor tiene la palabra del candidato que pide la confianza del electorado en la ciudad de San Sebastián?.  La ciudadanía responsable cada vez tiene más presente este problema objetivo con el que tiene que enfrentarse. Es un grave problema porque la democracia es una forma política que descansa en el valor de la palabra dada.

Los presupuestos de Donostia, como los del ejecutivo de Rajoy o los de Urkullu, se han caracterizado por los recortes impuestos desde más arriba. Dicen que ello les obliga a  tomar  determinadas decisiones, a priorizar unas partidas sobre otras y a dejar para el futuro puntos importantes de su programa electoral, no sólo al programa de Bildu, sino también al del PSOE, PNV y PP. Con un determinado programa electoral Bildu ganó las elecciones en Donostia (en minoría mayoritaria, aunque en Aiete fue el cuarto partido más votado). Pero hay que decir que para los presupuestos recién aprobados los cuatro partidos han tomado decisiones de consenso -el consenso no ha alcanzado a los cuatro partidos por igual, el PNV ha quedado más fuera que dentro- distintas a sus promesas electorales (¡De hace menos de dos años!). Esa es la realidad, como se ha dicho se argumentan  razones de fuerza mayor impuestas y que no se puede gastar más de lo que se ingresa, pero esas lecciones de política macroecónomica son las que imparte la derecha desde siempre y bien es sabido que tanto PNV, como Bildu y el PSOE, se han opuesto a ellas, planteando salidas y opciones alternativas.

El voto no puede convertirse en una especie de acto de fe, al contrario con este gobierno o con el que sea, en este nivel o en cualquier otro, es necesario reforzar los mecanismos de control ciudadano sobre la acción política.

Nuestra propuesta es que en Donostia –está el Consejo Social-  se combine la gestión del poder municipal con las propuestas de la ciudadanía, en los asuntos públicos. Desde ese encuentro se puede  promover la renovación y la democratización del sistema político municipal con la profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación del tejido social, tejido este que es independiente de los gobiernos municipales, porque si  las asociaciones se convierten en  correa de trasmisión del gobierno, terminan en el fundamentalismo servil y  en la intolerancia.

La opción mayoritaria que se refleja en la sociedad en general y en los diferentes niveles –incluidos los municipales-  es de desconfianza y crítica a la política de austeridad y a esa forma de gestionar la política contra la participación plural y no sectaria. La acción democrática de la ciudadanía es una forma de garantizar el acierto en la gestión.

Y conviene añadir que la actitud crítica hacia la política es una señal de madurez democrática. Es positivo que la gente se crea competente para analizar y examinar a sus representantes, incluso cuando estos tienen que tomar decisiones  complejas, como son los presupuestos.