Loading ...• Jueves, noviembre 03rd, 2011
Y afirma “que las haciendas forales han perdido legitimidad para exigir impuestos al que no puede evadirlos”. Por su parte la hacienda gipuzkoana los aumenta, a los de siempre, a los que tienen una nómina.
La “tolerancia extrema” de las administraciones y la falta de “voluntad” para combatir el fraude en Euskadi ha disparado el volumen de la elusión fiscal hasta cerca de 2.500 millones de euros anuales, según un informe de la UPV. El estudio, que indica que el fraude se concentra en rentas altas, profesionales, autónomos y empresarios, subraya que las haciendas forales han perdido “legitimidad” para “exigir los impuestos a quienes no pueden evadirlos”.
Estas reflexiones forman parte del informe ‘Bases para una reforma fiscal en la Comunidad del País Vasco’, elaborado por un equipo de expertos de la UPV y dado a conocer por el Gobierno vasco en una respuesta a una pregunta parlamentaria del PNV, recogida por Europa Press.
El texto subraya que el fraude es “el problema más importante” que tiene el sistema fiscal vasco, un sistema cuya modificación –con propuestas de subida de impuestos y refuerzo de la lucha contra el fraude incluidas– es precisamente objeto de debate en estos momentos por parte de partidos políticos e instituciones.
El estudio denuncia que la elusión fiscal “ha sido un problema largamente ignorado” hasta ahora, puesto que, en los años previos a la crisis económica, “había un margen recaudatorio amplio con los contribuyentes controlados (fundamentalmente asalariados) y porque de esta forma se evitaba enfrentarse a grupos de interés con un peso económico y social sustantivo”. Los expertos de la UPV citan entre estos grupos a instituciones financieras, asociaciones empresariales y las rentas elevadas.
El coste de esta “inacción”, según el informe, ha sido una pérdida recaudatoria y “una inequidad radical del sistema fiscal”. Además, “en el camino, las haciendas forales se han dejado buena parte de la legitimidad para exigir los impuestos a quienes no pueden evadirlos”. En esta línea, alerta de que “quienes pagan (los asalariados) no van a aceptar muchos más impuestos adicionales mientras otra parte de la sociedad (no asalariados) permanece con niveles de tributación muy bajos”.
Aunque reconocen que es “difícil” precisar la dimensión del problema, los expertos que han elaborado este estudio sitúan el fraude fiscal en el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Según explican, teniendo en cuenta los niveles de presión fiscal en Euskadi, esto supondría entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
“POCO CREÍBLES”
Este tipo de conductas irregulares, tal y como se recoge en el trabajo, “se concentran en las rentas altas y en las rentas no salariales”. En este sentido, al comentar las rentas declaradas en el IRPF, subraya que las de autónomos, profesionales y empresarios son “poco creíbles”. El estudio indica que las rentas de trabajo suponen casi el 80 por ciento de la renta fiscalizada, mientras que las de actividades –esencialmente de empresarios, profesionales y autónomos– “suponen sólo el 8,2 por ciento de la renta declarada”.
Respecto al Impuesto de Sociedades, destaca que se trata de un tributo que pagan fundamentalmente las grandes compañías, mientras que la “mayoría” de las pequeñas y medianas empresas “pagan entre poco y nada”, entre otras cosas, “porque el fraude es sencillo, ya que no hay ningún control” en esta figura tributaria.
“BENEVOLENCIA”
Además, al analizar la aplicación de sanciones por parte de las haciendas forales en los casos en los que se detectan conductas fraudulentas, los expertos de la UPV aseguran que las penalizaciones “tienden a aplicarse de forma benévola”. “En realidad, muchas veces incluso se negocia la cantidad descubierta, de tal forma que la sanción real sobre el total defraudado acaba siendo muy baja”.
El informe denuncia que “el fraude fiscal ha sido totalmente ignorado por las autoridades políticas como si fuera algo que no existiera”, a lo que añade que “cuando se descubren fraudes estructurales se actúa con una tolerancia extrema”.
Como ejemplo de esta “falta de voluntad”, recuerda que en 2010 se difundió información de 3.000 contribuyentes con cuentas en Suiza, “buena parte de ellos residentes vascos”, y que, salvo en el caso de la Hacienda de Gipuzkoa, “el resto parece no haber hecho nada”.
El equipo que ha elaborado el informe está integrado por el catedrático Ignacio Zubiri y las profesoras Lourdes Serna Blanco y Mercedes Vallejo Escudero, todos ellos de la UPV.
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