Casa de Cultura y grupo de Brian Currin

Se supone que esta escultura no tendrá inaguración

Una noticia de agenda informa que mañana miércoles día 21 los expertos internacionales se reúnen en la Casa de la Paz de San Sebastián para analizar sus contactos con los partidos en el trabajo de verificación del alto el fuego de ETA

 Es la primera vez que el equipo de Brian Currin se cita en este centro. Las agencias ayer se hacían eco del secretismo de esta reunión –en línea con la «discreción» con la que envuelve su trabajo, decían- y que hoy se hace pública.

 Lantxabe, promotora de la Casa de Cultura, como equipamiento comunitario y derecho colectivo de la ciudadanía de Aiete, apoyó que este centro fuera además un referente para la paz y los derechos humanos, en contraste con el uso que tuvo en los siniestros años del franquismo. Y al mismo tiempo manifestó su desacuerdo con el aparente uso privativo que de ella, de la Casa de Cultura,  parecía hacer el  alcalde anterior. Tampoco veíamos claro esa división de espacios: los más nobles, por decirlo así, para la burocracia administrativa, y los soterrados  -y el piso de arriba- para uso ciudadano.

 Así las cosas, es normal que no estemos de acuerdo con que el nuevo gobierno municipal se aproveche de aquella etapa de indefinición –periodo transitorio, experimental o de asentamiento- y sin contar con los vecinos y los usuarios del centro, convierta la Casa de Cultura de Aiete en un referente partidista del grupo Bildu (por cierto con escasos apoyos en Aiete).

 

5 comentarios en “Casa de Cultura y grupo de Brian Currin

  1. larraitz gonzalez gurrutxaga

    Lantxobe elkarteari;

    Irakurri eta ongi informatu zaitezte NORK antolatzen duen Bake Konferentzia oraingoan. LOKARRI da, ez BILDU.

    eta Kultur Etxe Sarea, bakoitza auzo batean badago kokatua ere, ez du auzotar horien jabego bihutzen,……donostiar guztiak parte hartu dezakegu, ala ez?

    milaesker.
    larraitz.

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  2. Para Larraitz de Félix Pérez

    Larraitz comenta una información de la web del pasado 20 de septiembre.

    En ella se decía que los expertos internacionales del equipo de Brian Currin iban a celebrar una reunión en la Casa de la Paz de San Sebastián, para analizar sus contactos con los partidos en el trabajo de verificación del alto el fuego de ETA.

    Manifestaba nuestra nota una cierta ironía sobre –según las agencias- el secretismo y la discreción de esta reunión, para luego ser celebrada en un lugar público como es la Casa de Cultura. Y añadía (entre otras cosas que se pueden leer en esta misma web), que Lantxabe apoyó que este centro, además de sede de actividades vecinales y culturales, se especializara en la paz y los derechos humanos, en contraste con el uso que tuvo en los siniestros años del franquismo; pero manifestamos no estar de acuerdo con que el nuevo gobierno municipal convirtiera la Casa de Cultura de Aiete en un referente partidista del grupo Bildu, haciéndonos eco de lo que es evidente: la actividad de los citados expertos internacionales no había sido aprobado en un pleno del consistorio municipal y, desde luego, como estamos viendo, no era un asunto baladí..

    Estos días va a tener lugar otra reunión o conferencia. Entre las funciones de Lantxabe no está pasar examen a todas las actividades que organiza el consistorio en la casa de la paz. (Nadie nos ha dado vela en ese entierro, ni tampoco las llaves del palacio).Por su parte, Larrraitz confunde las dos reuniones, quizás porque piensa que una es continuidad de la otra o que ambas sirven al mismo propósito. Es sabido – ¡menuda publicidad para ignorarlo! Que esta conferencia la ha organizado Lokarri y que tendrá su sello, sus objetivos y sus apoyos.

    Pero ya que Larraitz nos invita, y sin meternos en camisas de once varas, creo que podemos decir (sin que nadie se moleste ¡Qué cosas pasan con los que se toman el poder!) que en el espacio público, como es una casa de cultura –y especialmente en esta- las iniciativas que se lleven en su seno debieran responder a criterios de búsqueda de la paz con el apoyo de todos. Nos sentiríamos, al menos nosotros, más cómodos.

    Larraitz, permíteme una opinión para terminar, la Casa de Cultura de Ayete y el centro cultural de la paz, se han construido para beneficio y expansión de todos los ciudadanos donostiarras y más allá (No sabes el esfuerzo que tuvimos que hacer para que la casa de cultura se construyera en el palacio de Ayete -consulta las hemerotecas- y desde entonces defendimos una casa de cultura para los del barrio y para todos los donostiarras). Quien gobierna ese espacio público, y todos los demás, es el gobierno municipal, está en su derecho; pero no callaremos nuestra modesta opinión. Dicho esto, tampoco estaremos dando la matraca todos los días. Larraitz; lo que hagan los partidos políticos es más bien cosa suya. Muchas veces no tiene demasiado interés para nosotros.
    Atte
    Félix Pérez Carrasco

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  3. larraitz gonzalez gurrutxaga

    Félix Pérez jauna,

    Milaesker zure erantzunagatik Félix. Orain lasaiago gelditzen naiz, ikusiaz, Lantxobe elkarteak Aieteko Kultur Etxea, Donostiar hiritar guztiontzat dela pentsatzea, eta ez soilik Aieteko auzotarrena. Egia esan, zure lehenengo mezuak kontrakoa aditzera eman zidan, batez ere, Aieteko auzotarrak eta Bildu lotzean. Horrelako parekatzeak ez dute batere zentzurik eta are gutxiago bakea lortzeko bidean eta helburuarekin antolatzen diren egitasmoekin.

    Bestalde, zorionak zuri Félix eta Lantxobe elkarteari, Aieteko Kultur etxearen alde borrokatzeagatik,…….zuen lanari esker, hein batean, dugu orain Brien Currin bezalako bitartekari baten lanaz nola Lokarriren Bake Konferentziaz gozatzeko aukera. Bakearen saiakerak merezi duelako, ez al duzu uste?

    Eta lasai, honelako egitasmoak, hiritar gehienen sostengua dute, partidu politikoak bestelakoak esan arren. Gerora, guztiak sostengatzen bukatuko dute. Halabeharrez.

    aupa zuek!

    larraitz.

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  4. Paul Krugman o Brian Currin

    ETA empieza a asemejarse a una especie de acosador que tras maltratar durante años a su pareja se empeña ahora en “arreglar lo nuestro” mediante la concertación de una cita a la que nadie piensa acudir. El llamado conflicto vasco ha caído a mínimos históricos en el seno del consejo de ministros, al punto de que ya únicamente figura en la agenda del titular de Interior y de éste tan sólo se espera que desaloje de forma ordenada y sin mayores percances a los ‘indignados’ de turno.

    Tienen razón quienes sostienen que todos los gobiernos españoles han dialogado con ETA y que nunca antes lo tuvieron tan fácil, pero les falta completar la frase constatando que jamás ninguno de ellos exhibió mayor desinterés debido a la ausencia de beneficios en perspectiva. Incluso en el peor de los escenarios imaginables para el gobierno -un triunfo electoral de la izquierda abertzale en las autonómicas, pongamos por caso- Rajoy preferiría un compromiso firme con el objetivo de déficit que con el final ordenado de la violencia, un atavismo sobre el que hace tiempo que ya no pivota el rédito electoral.

    Hoy por hoy, aún en el caso de que ETA dispusiera de los nutridos arsenales y las boyantes finanzas de Hamas, el Gobierno estaría mucho más interesado en hacerse con las segundas que con los primeros. Tal y como la propia organización armada señalaba ayer en su comunicado, se han abierto las puertas a la resolución de un conflicto que dura ya siglos, pero dicho lo cual y sin que nadie se lo tome a mal, ahora mismo apremian varias cuestiones algo menos épicas, pero más urgentes, tales como el cierre a mediodía del Ibex-35 o de la prima de riesgo. En la escala del terror también hay categorías y los mercados infunden pánico.

    La paz en Euskadi no parece que vaya a resolverse de acuerdo al modelo surafricano, ni siquiera al irlandés, sino más bien siguiendo los parámetros de los mercadillos populares de Atenas o Lisboa, esto es, liquidando a precios de saldo toda la mercancía posible y abandonando al final de la jornada y en plena plaza todo el género que se haya quedado sin vender. Es probable que el último gesto que se reserve ETA no sea la entrega de las armas, sino el enésimo anuncio formal de que ya ha constituido otro equipo de interlocución que, como sus predecesores, no llegará a debutar.

    En la actual coyuntura, ETA se ha quedado ya sin nada que ofrecer. Su mercancía, averiada y con infinitas perforaciones policiales, está fuera de temporada por mor del implacable devenir de la Eurzona. Convendría asumir que en este instante pesa ligeramente más Paul Krugman que Brian Currin. Sin posibilidad de dar marcha atrás, a ETA sólo le queda seguir dando los famosos “pasos en la dirección adecuada” -por recurrir a la terminología al uso-. El problema es que los dará sobre una cinta de fitness, difícil llegar así a alguna parte
    AM

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  5. José María Ruiz Soroa

    Romper el tabú
    La manera de enfrentarse a un desafío secesionista es aceptar su planteamiento, estar dispuesto a «poner la nación a votación». Sea el catalán o el vasco, los nacionalismos plantean ya sin ambages la independencia de sus respectivas naciones como objetivo político aunque, eso sí, lo hacen de momento como simple amenaza al Estado para conseguir de éste un régimen estatutario privilegiado respecto al común de la morralla del “café para todos”. Si no se nos concede un nuevo estatus político dicen los vascos, o un nuevo pacto fiscal los catalanes, tendremos que ir desde ya a la ruptura secesionista. Si se nos concede, también, añaden precavidos, aunque tardaremos un poco más en exigirlo.

    El uso estratégico de la amenaza secesionista para conseguir privilegios dentro de una estructura federal es sólo posible, claro está, porque el resto de los actores políticos de esa estructura, y señaladamente el gobierno central, han interiorizado que el hecho hipotético con que son confrontados es, no sólo plausible, sino altamente probable. De manera que han creado en torno a ese hecho un auténtico tabú: la idea de poner la unidad nacional española a votación de los ciudadanos es en nuestro país obscena e innombrable, y palabras como autodeterminación nacional o referéndum de independencia exigen ser exorcizadas no bien se mencionan, blandiendo al efecto el sagrado hisopo de la Constitución.

    Este artículo pretende sugerir que, muy en contra de la postura que intuitivamente adoptan los actores políticos españoles, la mejor manera de enfrentarse a un desafío secesionista serio y persistente es aceptar su propio planteamiento, es decir, estar dispuesto a poner la nación a votación. Introducir la idea de un referéndum de independencia como un seguro fracaso para la unidad española, y negarse desesperadamente por ello a aceptarlo siquiera como algo posible, es tanto como confesarse derrotado de antemano en ese debate. Quien no está dispuesto a poner su idea de nación a votación popular es porque no confía de verdad en ella, porque, como escribió Manuel Aragón, “un pueblo de hombres libres significa que esos hombres han de ser libres incluso para estar unidos o para dejar de estarlo”.

    Lo primero será comprobar la existencia de una demanda secesionista mayoritaria
    Por tanto, quienes hacen de la autodeterminación un tabú lo que en realidad hacen es regalar a los independentistas todas las bazas de prestigio en la discusión: esas que se llaman libertad, democracia, gobierno del pueblo, el ejemplo de otros países, todo queda en poder de los nacionalistas. Los demás, los “unionistas”, quedamos como antidemócratas, como miedosos, como acomplejados defensores de una nación tambaleante, como carceleros de pueblos, y demás. Sí, ya sé que esto no es así exactamente en buena doctrina democrática, pero, qué se le va a hacer, así es como quedamos en la opinión común, y eso es lo que al final cuenta. “Los hechos no atienden a razones y nos atrapan en una ratonera ideológica”, dijo al respecto hace ya tiempo Francisco J. Laporta.

    Pero es que, además, es el haber adoptado esa férrea negativa lo que nos convierte en rehenes del chantaje táctico de los nacionalistas. Bastaría con admitir, tanto en el plano político como en el jurídico, que la secesión de una parte del territorio es un tema admisible para la decisión democrática y que, por tanto, su demanda puede ser planteada, discutida y decidida en nuestra democracia para que ese asunto asumiera de inmediato un nuevo aspecto. Si la secesión fuera una posibilidad reglada, los nacionalistas se tentarían la ropa antes de apelar a ella. Dicho de otra forma, la constitucionalización de la secesión tendría un efecto desincentivador de su demanda, que ahora es en gran parte retórica, insincera y chantajista.

    En este punto hay que ser lo suficientemente adulto, en términos democráticos, para admitir una carencia en el sistema político territorial español, por la sencilla razón de que la vía que legalmente existe para la secesión (la reforma constitucional “fuerte” del art. 168 CE) no está al alcance de los actores políticos que la reclaman. Decir entonces que la reclamación independentista es una reivindicación legítima en nuestra democracia siempre que se haga por medios pacíficos es un flatus vocis en tanto el sistema condene esa reivindicación al terreno de lo jurídicamente imposible. El Estado de Derecho no puede cohonestarse con el principio democrático si excluye a priori la factibilidad de una reivindicación legítima, ese es un uso desviado del Derecho. Este sólo puede ayudar a que la nación siga siendo una nación … si ella lo quiere.

    Y entonces, según usted, ¿qué hacemos? ¿Modificamos ya la Constitución? Creo que no, que ésa debería ser la estación término de un proceso de secesión democrática, no su comienzo; por la sencilla razón de que no tiene sentido iniciar un tan costoso proceso de reforma si no está constatada la existencia de una voluntad mayoritaria clara en el territorio afectado. Por eso, lo primero será establecer las vías para comprobar la existencia de una demanda secesionista mayoritaria seria y fundada en alguna Comunidad Autónoma y luego, sólo luego, modificar la C.E. para darle salida. Algo que se podría hacer mediante una ley nacional que se limitara a regular el asunto como un procedimiento previo a la reforma constitucional, es decir, prever en qué casos y con qué trámites debería iniciarse un proceso de reforma constitucional para excluir de España a una parte de su actual demos.

    Por ejemplo, una ley podría establecer que si el Parlamento de una Comunidad solicita por una mayoría de 3/5 iniciar un proceso de comprobación de la voluntad mayoritaria sobre una eventual secesión, el Parlamento español estaría obligado a recoger esta petición y, analizados los detalles, solicitar del Gobierno la convocatoria de un referéndum de comprobación en esa Comunidad, determinando los términos de la pregunta que deberían ser claros y en forma de alternativa simple. Para dar por comprobada la voluntad secesionista se requeriría la mayoría del censo electoral, computado en cada provincia o territorio, y con exclusión automática de aquellos territorios donde no triunfara. Constatada afirmativamente esa voluntad mayoritaria, se abriría un proceso de negociación de los términos de la separación y de las garantías democráticas del nuevo Estado (señaladamente en lo que se refiere a la protección de los derechos de las minorías nacionales, que deberían ser como mínimo equivalentes a los derechos que poseyó la anterior minoría en España). Y entonces, sólo entonces, se procedería a reformar la Constitución por sus trámites (mayorías parlamentarias y referéndum de todo el pueblo español).

    Por fin podríamos decirles: si no están de acuerdo, váyanse. Prueben de verdad
    La ventaja de este planteamiento es que sería a la vez respetuoso con el Estado de Derecho (sería la soberanía nacional quien lo controlase y decidiese) y con el principio democrático (se ofrecería un cauce de realización a una voluntad popular concreta). Pero sobre todo, en términos políticos, la ventaja de contar con una legislación como la sugerida sería la de colocar a los nacionalistas ante sus propias responsabilidades, poniendo fin al uso estratégico de la reivindicación independentista. Quien de verdad esgrimiera esta petición tendría que hacerlo con todas sus consecuencias, porque por fin sería posible su realización. Muchos nacionalistas se encontrarían ante el abismo de que sus deseos hasta ahora románticos podrían ser de verdad hechos realidad, una realidad que sin duda es mucho menos atractiva que la ilusión de verla desde lejos como una fruta imposible. El efecto de esta legislación no sería, con toda probabilidad, una cascada de peticiones de referéndum, sino más bien su ausencia.

    Y, sobre todo, quienes nos consideramos a la vez españoles y demócratas (y quedamos unos cuantos), nos veríamos liberados al defender la unidad de la nación de los desagradables epítetos que hoy nos merecemos, esos que ponen en solfa nuestra democracia y nuestra Constitución porque no puede discutirse de verdad. Y quienes además somos federalistas, nos sentiríamos más respaldados a la hora de proclamar que en un sistema federal las reglas de juego las establecen todos de consuno aunque sea en porfiada discusión, y no unos solos mediante la amenaza de irse si no se aceptan sus privilegios. Porque por fin podríamos decirles: si no están de acuerdo, váyanse. Prueben de verdad.

    José María Ruiz Soroa es abogado.

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