Hasta el domingo 143.052 personas han actuado en la página “Actuable.es” en la acción promovida por Vicenç Navarro
Tan intocable que era la Constitución, y ahora se puede reformar en dos semanas
Usuarios de Twitter piden un referéndum sobre la reforma constitucional.
El anuncio hecho por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de proponer una reforma de la Constitución para incluir un techo del gasto público ha encendido los ánimos de la ciudadanía que, a través de la Red, ya se movilizan para pedir el referéndum en caso de que esta propuesta sea finalmente aprobada.
Internet se ha convertido en el canal impulsor de iniciativas que presionan para que se celebre el reférendum vinculante, una opción viable sólo si la solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras.
Una campaña promovida por el politólogo Vicenç Navarro en la web Actuable está reuniendo a fecha de hoy lunes 5 cerca de 150.000 firmas.
La Fundación Ceps llama, a través de Facebook, a la «toma de conciencia» y a «decir basta», abriendo un espacio para la reflexión en el que más adelante podrán tener cabida otro tipo de acciones. «Si la propuesta no se retira o si se realiza sin convocar un referéndum vinculante», sostienen se producirá la «fractura definitiva entre los ciudadanos y una clase política supeditada a los mercados», señalan.
En Twitter, el hashtag #yoquierovotar se ha convertido en tema del momento y es el utilizado por los usuarios de la red de microblogging para exigir el cumplimiento de sus deberes democráticos.
La mayoría de los mensajes enviados por los ciudadanos eran críticos con PSOE y PP y muchos de ellos ponían el acento en que, si lo pide un 10% de los diputados, la propuesta de cambio de la Carta Magna debe pasar por referéndum. Por eso, el objetivo de los internatuas es conseguir que 35 representantes se muestren favorables a esta medida. En poco tiempo, el hashtag (tema) #yoquierovotar se ha convertido en el tercer tema más comentado en la red social en todo el mundo, así como en el trending topic en España.
El eco de la voz de los ciudadanos en las redes sociales ha llegado también a otras plataformas ciudadanas en Internet, como Vúdeo. Desde esta web, en colaboración con Comunicaos, proponen a los internautas que graben un vídeo para convencer a los diputados de la convocatoria de la consulta popular. Afirman que harán llegar todos los vídeos a los representantes políticos antes de la votación.
24/08/2011
Breve entrevista al catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro
¿Es necesaria una nueva legislación sobre el techo del déficit público?
«Gobierno y oposición son los discípulos del liberalismo»
No. Esta medida implica un ataque frontal al capítulo más importante del gasto público: el que incluye la sanidad, la educación, los servicios sociales, ayudas a la dependencia, pensiones y otros. Es decir, se trata de un ataque al Estado del bienestar. El gasto público es predominantemente social y hay un percepción generalizada que asume que es muy elevado, pero la evidencia no muestra que eso sea así. Poner un nuevo límite legal no me parece correcto, sobre todo porque se han estado bajando impuestos de manera notable. Es un enorme error que la única manera de rebajar el déficit sea recortar estos gastos.
¿Se debe incluir en la Constitución el límite al déficit?
Es erróneo plasmar en el texto constitucional esta medida, ya que supone darle una enorme rigidez.
¿Esta posible reforma debe sustraerse al referéndum?
La democracia española es muy limitada y una de las menos participativas de Europa. No se puede tomar una medida de tal envergadura con el acuerdo de dos partidos, por muy mayoritarios que sean, sin consultar con el pueblo. Eso no es democrático. La democracia no es sólo votar cada cuatro años.
¿Por qué la propuesta llega en la actual coyuntura?
Porque hay que impresionar a los mercados y seguir las indicaciones de Merkel y Sarkozy. Hoy domina el pensamiento neoliberal y España hace esta propuesta para demostrar a Europa su rectitud y ortodoxia. Gobierno y oposición son los discípulos aventajados del liberalismo. Lo ha demostrado el PSOE en su respuesta a la crisis y al Partido Popular le vendrá bien esta propuesta para después decir, cuando gobiernen, que hacen lo que ya les viene dictado.
por Miquel A. Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Superior de Catalunya
La decisión del Parlamento español ayer acordadada de modificar nuestro texto constitucional para limitar el déficit público, sin sometimiento a referéndum, es sin lugar a dudas de una transcendencia jurídica tan significativa que puede compararse con el infame 23-F.
Nos hallamos, por una parte, ante una imposición de la Economía al Derecho, de tal manera que los criterios económicos neoliberales hegemónicos se acaban consagrando no en una Ley –como, en su caso, sería lógico- sino en la propia Carta Magna. Es decir, los juristas ya no vamos a estar compelidos a una norma legal –como tal modificable-: se nos dice que debemos pensar nuestro ordenamiento jurídico en su globalidad desde una perspectiva neoliberal. Otro pensamiento jurídico se sitúa extramuros de la Constitución. Los valores del Derecho restan sometidos, arrodillados y claudicantes, al pensamiento económico, que se pretende único y excluyente, pese a que la situación de miseria y desamparo de buena parte de nuestra ciudadanía se debe, precisamente, a ese pensamiento único.
En segundo lugar, esa proposición aprobada es una clara ruptura del pacto constitucional. En efecto, nuestra Constitución ha sido siempre calificada como “abierta”, en el sentido que permite varias lecturas y, por tanto, que se practiquen políticas diferenciadas. Ese modelo de mínimos ha permitido que la “norma normarum” haya venido manteniéndose vigente a lo largo de más de treinta años, sin apenas cambios –salvo aspectos puntuales de menor calado-. La constitucionalización de una política económica restrictiva del gasto público comporta, en definitiva, que cualquier propuesta alternativa –como están ya promoviendo por un buen sector de economistas ante las actuales circunstancias- se sitúe fuera de la Carta Magna. La Constitución aprobada en referéndum por el pueblo deja de ser la Constitución de todos para pasar a ser la de los neoliberales.
Y, finalmente pero como elemento más significativo, dicha proposición conlleva el cruce del Rubicón: el paso de la democracia (el gobierno de los hombres pobres libres) a la oligarquía (el gobierno de los hombres ricos libres). Nos hallamos ante un auténtico golpe de Estado constitucional, en tanto que un cambio de tanta transcendencia se toma estrictamente por diputados convocados de urgencia en agosto, por la presión de los famosos mercados y de instancias internacionales económicas –sin que nadie vote dichos grupos de presión- y sin que el ciudadano español nada pueda decir al respecto a través de un referéndum. Aquello que en 1978 fue votado por la ciudadanía se modifica en período preelectoral por la presión de los mercados y sin debate ciudadano de ningún tipo. Los mercados imponen limitaciones al Estado del Bienestar, la mayoría parlamentaria asiente –por convicción o sometimiento- y el españolito de a pié nada puede decir al respecto.
A partir de ahora ya no hay límites: las mayorías parlamentarias cualificadas podrán, por ejemplo imponer la consagración de la propiedad privada, eliminando cualquier referencia a su objeto social –una de las claves de bóveda del pacto constitucional, pese a su omisión práctica-, se podrá eliminar el derecho al trabajo, se podrá desconstitucionalizar la negociación colectiva o limitar su campo de aplicación, se podrá modificar el modelo público de Seguridad Social o de sanidad, o eliminar las referencias constitucionales al medio ambiente o el derecho a la vivienda o a la tutela de las personas discapacitadas. Y si no existe una minoría de bloqueo suficiente –del diez por ciento- el desmantelamiento del Estado del Bienestar no podrá ser votado por los ciudadanos, más allá de la periódica llamada a las urnas cada cuatro años.
Y todo esto en plena canícula y vacaciones. Mientras los ciudadanos discuten sobre Mourinho y sus bravatas paranoides. Y sin que apenas se oigan voces críticas en los medios tradicionales. El sueño de una noche de verano del general Armada
El 35 es el número mágico que puede marcar la diferencia. Si no se cs
En Islandia se reescribió la Carta Magna. Pero fueron 25 ciudadanos escogidos entre y por el pueblo los que llevaron a cabo esta tarea. Y, al contrario que aquí, lo hicieron para proteger a la nación de la rapiña especuladora. La reforma se logró con la participación activa en su redacción de cuantos islandeses quisieron hacerlo a través de técnicas online que, con sus sugerencias y comentarios, ayudaron a dar forma al documento. Este Estado del que apenas se habla usó un referéndum para negarse, por mayoría absoluta, a pagar una deuda que no les correspondía. A pesar de que el FMI congeló sus préstamos y les amenazó con toda suerte de plagas y maldiciones, los demócratas islandeses no se amilanaron. Iniciaron investigaciones penales para responsabilizar a los autores reales de la crisis. Emitieron órdenes internacionales de busca y captura contra los banqueros implicados que huyeron de su territorio. Y contrariamente a los apocalípticos augurios que se lanzaron sobre su silenciosa y pacífica revolución, Islandia se está recuperando del colapso sin aplicar las medidas del FMI.
Aquí y ahora, necesitamos 35 mujeres y hombres que defiendan la soberanía del pueblo
ANA CUEVAS
Antonio Gutiérrez, diputado del Grupo Socialista en el Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras, mostró ayer su disposición a firmar la petición de un referéndum sobre la reforma de la Constitución auspiciada por el PSOE y el PP.
Según defendió Gutiérrez, el país tiene una Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en la Constitución ya habla de ello en su artículo 40, y no lo recoge como un dogma porque el legislador abogó por orillar las discrepancias. «Y nos ha ido bien así», agregó. A su juicio, con esta reforma se pone un «dogal» (soga para ahorcar al reo) a la economía española.
Tras lamentar que, hasta la víspera de primera votación, no ha tenido la mínima opción de debatir este asunto, Gutiérrez confirmó que, en principio, votará en contra de la proposición de ley. Pero, además, reveló que está dispuesto a firmar para que se celebre un referéndum.
Otros cinco diputados del Grupo Socialista han apoyado estos días la celebración de un referéndum. Se trata de los tres de Izquierda Socialista (Manuel De la Rocha, Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias), más el gallego Xavier Carro y el cordobés Juan Luis Rascón.
Para que la consulta salga adelante se precisa la firma de 35 diputados. Los partidos partidarios del referéndum (IU-ICV, CiU, UPyD, CC y BNG) suman 20 votos, que con la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, y los seis citados del Grupo Socialista elevarían la cifra a 27. Con la petición que hicieron los jeltzales ayer de celebrar un referéndum, lo que hace que sus 6 diputados apoyen a los otros 21, solo faltarían dos firmas.
150.051 personas han firmado a fecha de hoy miércoles 14 de septiembre en la web “Actuable.es” de Vicenç Navarro la solicitud de un referedum para la modificación de la constirución